El Puerto de Santa María necesita un sexto juzgado. Así se refleja en el informe sobre la carga de trabajo que soportan los juzgados de esta ciudad elaborado por el Sindicato Profesional de Justicia, de la Unión Sindical Obrera SPJ-USO. El informe se ha dado a conocer recientemente por dicho sindicato, el más representativo del sector, y se basa en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Según Juan Pedro García Bazán, secretario de acción sindical en Andalucía de SPJ-USO, se ha realizado por lo tanto “con datos objetivos”, que abarcan un plazo de cinco años, necesarios para obtener un balance que pueda tener repercusiones claras, ya que existe un acuerdo (la Orden JUS/1415/2018, publicada en el BOE de 29 de diciembre de 2018) entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia que establece un sistema de medición de carga de trabajo en los órganos judiciales.

Con dicha orden, por vez primera, “se fija un criterio claro que determina cuándo es necesaria la creación de un nuevo Juzgado”, para lo cual los juzgados de primera instancia e instrucción deben superar en más de un 30% de media, durante cinco años, el número de asuntos civiles y penales establecido para el módulo del órgano judicial, que en el caso El Puerto son en total 680 asuntos civiles y 1000 asuntos penales al año. De esta forma, según las cifras, en El Puerto, en 2014, se atendieron 918 asuntos civiles y 2.454 penales; en 2015, 1.122 civiles, y 2.358 asuntos penales; en el año 2016, 993 asuntos civiles y 1.211 penales; en 2017, 984 civiles y 1.236 penales; y en 2018, 1.066 civiles y 1.137 penales.

Con estos datos se concluye que en los últimos cinco años, los Juzgados de El Puerto de Santa María están por encima de los módulos fijados por la Orden antes citada (JUS/1415/2018), según los responsables del estudio, en materia civil (que recoge un máximo de 680 asuntos), el porcentaje por encima de lo fijado para el módulo es de un 49,5 %, es decir bastante superior al 30% fijado en la normativa, mientras en materia penal el promedio de asuntos tratados (siendo 1.000 el máximo) alcanza el 67,92%.

La sede los órganos judiciales de El Puerto, donde la Unión Sindical Obrera pedirá la creación del sexto Juzgado Mixto.

De esta forma, como recalca Juan Pedro García Bazán “el porcentaje medio conjunto en ambas jurisdicciones (civil y penal), se eleva al 58,71%”, es decir “casi duplica en los últimos cinco años la carga de trabajo estipulada para acometer la creación de un nuevo Juzgado (30 % en ambas jurisdicciones, como se ha señalado), por lo cual “es más que evidente la necesidad de la creación del sexto Juzgado Mixto en el partido judicial de El Puerto de Santa María, y casi con toda seguridad no sería suficiente y habría que empezar a estudiar la creación de un séptimo o la adopción de medidas de refuerzo de plantillas”.

Por este motivo, SPJ- USO pedirá la creación del sexto juzgado al Ministerio de Justicia, al amparo de la normativa vigente, y también solicitará el incremento de plantilla en el Servicio Común Procesal, un órgano que tiene, entre otras, la función de distribuir los asuntos penales y civiles, notificaciones, registro, atestados, expedientes gubernativos y una ingente carga de trabajo que no ha hecho más que aumentar desde que se creó en el año 2002, con 3 gestores, 2 tramitadores y 5 auxilios judiciales, “plantilla que no ha variado hasta la actualidad pese al incremento del volumen de trabajo que soporta dicho órgano”.

El Servicio Común Procesal tiene la misma plantilla que cuando se constituyó en el año 2002

En este caso, como afirma de manera ilustrativa García Bazán, “el Servicio Común está a punto de colapsar: ha aumentado la población del partido judicial en más de 11.000 personas, el número de órganos judiciales y la población reclusa en los centros penitenciarios en más del doble, con la apertura de Puerto III”. Por ello, señala SPJ- USO , “se hace imprescindible reforzar la plantilla de este órgano, que da soporte a todos los de El Puerto de Santa María, cuyo mal funcionamiento podría afectar a todos ellos. Por ejemplo, si una citación no se hace a tiempo se produce la suspensión de un juicio, que puede verse demorado más de seis meses”, señala el representante sindical. Dicho aumento de plantilla se fija en el estudio en un gestor procesal, dos tramitadores y tres funcionarios de auxilio judicial.