Tribunales

Siete años de inhabilitación para Hernán Díaz, Rodríguez y Alamillos

  • La sentencia sobre las construcciones ilegales en la zona protegida de El Barranco ya es firme

El ex-alcalde portuense Hernán Díaz, junto a Juan Carlos Rodríguez en una de sus visitas a los Juzgados. El ex-alcalde portuense Hernán Díaz, junto a Juan Carlos Rodríguez en una de sus visitas a los Juzgados.

El ex-alcalde portuense Hernán Díaz, junto a Juan Carlos Rodríguez en una de sus visitas a los Juzgados. / Andrés Mora

El titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz ha dictado ya sentencia por un delito continuado de prevaricación en el caso de las construcciones ilegales en la zona protegida de El Barranco, en El Puerto de Santa María.

La sentencia condena al ex-alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, y a dos de sus concejales de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez y Pedro Alamillos, a penas de siete años de inhabilitación para cada uno para empleo o cargo público que tenga relación con responsabilidades en materia de urbanismo. También les condena al pago de las costas.

La sentencia, que ya es firme, viene a ratificar, con una reducción de la inhabilitación especial en un año, las condenas que aceptaron hace pocos meses los tres encausados, que ascendían a ocho años de inhabilitación para cada uno, tal y como solicitaban la Fiscalía y Ecologistas en Acción.

La denuncia que ha originado esta condena se remonta al año 2002, tras una denuncia de Ecologistas en Acción por la construcción de una urbanización ilegal en la Reserva Natural de las Lagunas de El Puerto de Santa María.

La sentencia considera probado que Hernán Díaz, Juan Carlos Rodríguez y Pedro Alamillos -los dos primeros con el agravante de reincidencia, al tener antecedentes penales por hechos similares- omitieron en el ejercicio de sus funciones las medidas necesarias para restaurar la legalidad urbanística en El Barranco, una reserva natural incluida en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Se trataba de suelo no urbanizable de protección especial y se encuentra en una Zona Periférica de Protección de la Reserva Natural. El PGOU de 1992, vigente en el momento de los hechos, ya preveía la necesidad de un plan especial y determinaba la eliminación de las edificaciones ilegales, viario y vallados existentes.

El Ayuntamiento tramitó medidas contra estas construcciones en 1988, pero no prosperaron

Y es que desde finales de los 80 se había venido detectando en la zona parcelaciones y construcciones ilegales, algo que había sido puesto en conocimiento del Ayuntamiento por parte de la Agencia de Medio Ambiente (AMA) en 1988. Tras la denuncia del AMA se incoaron varios expedientes y se dictó un decreto de paralización contra el propietario. El entonces concejal de Urbanismo elevó a pleno en 1990 una propuesta para acordar la declaración ilegal de la parcelación y ordenar la demolición de lo construido, pero el pleno pidió que el asunto se retirara del orden del día y que fuera la AMA quien actuara.

En 1992 el entonces jefe de Licencias elevó al alcalde un informe también proponiendo las demoliciones. Ya en 2002, tras la denuncia de Ecologistas en Acción, el entonces concejal de Urbanismo, Pedro Alamillos, reconocía por escrito que se trataba de un espacio protegido y aludía la necesidad de restaurar el orden jurídico en la zona de Las Lagunas. A pesar de ello, ni Alamillos ni el alcalde, Hernán Díaz, emprendieron iniciativa alguna para restaurar la legalidad, que hubiese pasado por la demolición de las escasas construcciones existentes entonces.

Sí se actuó en 2003 por parte de Juan Carlos Rodríguez contra una nueva construcción, a raíz de una denuncia del presidente vecinal de la zona, pero en la sentencia se considera llamativo que la única actuación emprendida “se refiera a un nuevo adquiriente, y no a las ya presentes”, cuyos propietarios “parecen haber llegado a una entente con el equipo de gobierno”, se indica en la sentencia.

Una vista aerea de la zona de El Barranco, en la actualidad. Una vista aerea de la zona de El Barranco, en la actualidad.

Una vista aerea de la zona de El Barranco, en la actualidad.

También se recoge en el documento que la omisión de medidas se vio reforzada siendo teniente de alcalde de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, , quien en 2004 firmó un total de 28 documentos dirigidos a Endesa solicitando el suministro de luz para las construcciones de la zona, con lo que “contribuía de manera decisiva a la consolidación de las edificaciones ilegales en la zona”.

En 2005 Ecologistas en Acción presentó una reclamación de responsabilidad contra los funcionarios y autoridades competentes en la tramitación de estos expedientes, aunque no hubo entonces ninguna respuesta.

Incluso la Junta de Andalucía instó al Ayuntamiento a adoptar medidas correctoras, aunque no fue hasta 2006 cuando Juan Carlos Rodríguez elevó a pleno una propuesta para reactivar los expedientes de disciplina urbanística abiertos en 1988, que entonces quedaron sin resolver. No obstante, en el pleno en el que se abordó el asunto, el 3 de noviembre de 2006, Rodríguez retiró el punto del orden del día manifestando que el expediente se enviaría a la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Tras una larguísima instrucción que ha durado una década, el Juzgado considera probado que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación.

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