A principios de los años 90, el director del instituto de La Atunara, en La Línea, se levantaba a las seis de la mañana. Antes de acudir al centro, tenía una dura tarea: despertar, casa por casa, a decenas de chavales para que fueran al instituto. No era sencillo. Muchos de ellos se habían acostado tarde. Tenían trabajo nocturno en la playa trasladando fardos de tabaco de contrabando. Igual ocurría en el Tajo del Águila, de Barbate; o en el San Telmo, de Jerez; o en Las Banderas, en El Puerto... Y muchos más. Eran institutos que hace veinte años acogían a los hijos de barriadas con una población con un alto índice de desestructuración. Los niveles de absentismo escolar en estos centros eran escalofriantes, superando en muchos casos el 15%. Sin apenas instrumentos, la lucha contra el absentismo era una cuestión personal de directores como el de La Atunara.

En gran medida, el absentismo escolar en la provincia es una batalla ganada. Sólo de esa manera se puede entender que la condena a tres meses de cárcel a unos padres de Chiclana que mostraron un evidente desinterés por la escolarización de su hija desde el año 2000, al punto de ni siquiera matricularla en el curso 2008, se convierta en noticia. En realidad, la noticia debería ser que la condena se haya producido con tanto retraso que la chica ya no se encuentra en edad escolar.

Porque casos como éste se producen todos los años, son detectados y, en la medida de lo posible, atajados. Según la delegación de Educación, durante el pasado curso las distintas mesas de seguimiento de la provincia, en las que colaboran ayuntamientos, servicios sociales, policía autónoma, fiscalía y Educación, elevaron denuncias en 45 ocasiones, pasando al juez veinte de ellos y archivándose 25, bien porque se había conseguido subsanar la anomalía sobre la marcha, porque no se considerara por parte del fiscal la existencia de abandono o, lo más habitual, porque se hubiera llegado tarde. En lo que llevamos de curso van 25 denuncias y, según Educación, parece detectarse una mayor agilidad. Frente al anterior caso, la última sentencia, que supone una multa a los padres de 540 euros, se ha producido también en Chiclana, y la niña afectada, que llevaba faltando asiduamente desde los siete, tiene ahora 11 años. Con 13 casos el pasado curso, La Línea sigue estando a la cabeza del absentismo.

Ana de la Herrán, coordinadora provincial de educación compensatoria, afirma que el perfil es muy similar en todos los casos: "Se trata de familias desestructuradas que no dan valor a la educación y, en casi todos los casos, son españoles. Prácticamente no existe absentismo entre los inmigrantes. Nos hemos podido encontrar casos que daban como excusa razones tan peregrinas como que 'es que hace malo...' o te encuentras con que la niña no ha ido a clase porque se ha quedado cuidando de los hermanos". El trabajo que se ha realizado durante estos años es, nunca mejor dicho, de educación. De educación de los padres. "Las sanciones, ya sean multas o condenas de cárcel, son ejemplarizantes. Si se produce una sanción, aunque llegue tarde, en una determinada barriada, es un aviso a navegantes para el resto que puedan estar infringiendo la obligación de llevar a los niños al colegio. Porque muchas veces no son los niños, que sí que quieren venir al colegio, sino los padres, que no les dejan ir. Pero, al mismo tiempo, también se realiza un trabajo de crear compromisos familiares con el centro".

Esos compromisos también deben extenderse al resto de administraciones implicadas. "El papel de la policía, tanto las locales como la autonómica, es decisiva. Y la implicación se está dando. La policía, si pilla a un niño en la calle, lo lleva ante el padre y le lee la cartilla no sólo al niño, sino también al padre.

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