Después de nueve años de investigaciones y toma de declaraciones, la magistrada Lourdes del Río, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, ha puesto fin a la instrucción del caso Bahía Competitiva, una causa que pretende esclarecer el mayor fraude que podría haberse cometido en la provincia de Cádiz con ayudas públicas dirigidas a las reindustrialización de la Bahía. 

En un auto emitido el pasado 14 de octubre, Del Río estima que los principales imputados en la trama que supuestamente desvió 14 millones de euros de fondos públicos son el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, Joaquín de Arespacochaga y su padre Juan de Arespacochaga. Para la juez, los tres fueron los responsables de dirigir una organización criminal, integrada por una veintena de personas, con la que lograron obtener de manera ilegal subvenciones procedentes del Ministerio de Industria y de la Agencia Idea de la Junta de Andalucía.

La magistrada atribuye tanto a Ouviña como a los Arespacochaga la autoría de varios delitos: pertenencia y dirección de organización criminal, fraude de subvenciones, falsedad en documento mercantil y oficial, prevaricación continuada, blanqueo de capitales y tentativa de malversación y fraude a la Administración.

Del Río también imputa a Antonio Perales, ex director del Plan Bahía Competitiva, órgano dependiente de la Consejería de Innovación. La juez estima que Perales mantuvo una estrecha relación con el empresario gallego y que, a partir de ahí, interfirió "a su antojo" en la concesión de subvenciones a favor de Ouviña, "haciendo y deshaciendo sin ningún criterio técnico" en la comisión encargada de aprobar o denegar las ayudas. Según la magistrada, Perales podría haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación agravada y continuada de caudales públicos en grado de tentativa, fraude a la Administración y negociaciones prohibidas.

Tal y como sostiene Lourdes del Río, el empresario Alejandro Dávila Ouviña realizó una serie de actividades ilícitas con la finalidad de conseguir un desorbitado montante económico de ayudas públicas procedentes del Ministerio de Industria y de la Agencia Idea de la Junta de Andalucía. Para ello, creó un conjunto de empresas que carecían de solvencia económica y a través de las cuales falsificó documentos dirigidos a justificar proyectos que no habían comenzado.

Una vez obtenidas las ayudas, prosigue la juez, Ouviña confundió parte de ellas con su propio patrimonio para apropiarse del dinero. Otra parte la destinó a la compra de un gran polígono industrial en Alcalá de los Gazules con el objetivo de especular con el mismo. Y una última parte de esas ayudas públicas la invirtió en fondos de inversión para sacar unos intereses cercanos a 16 millones de euros, una cantidad que pretendía incorporar indebidamente a su patrimonio.

El auto explica que Alejandro Dávila contactó con Juan Arespacochaga para adquirir de forma conjunta el control del plan más importante de todos, el de la entidad Cádiz Solar Center, un proyecto que habían solicitado dos personas de nacionalidad norteamericana, John Thomas Abkemeier y David Hardde III, ambos en paradero desconocido, y que supuestamente iba desarrollarse en las antiguas naves de Delphi de Puerto Real.

Cádiz Solar, indica Lourdes del Río, obtendría una ayuda pública del Ministerio de Industria de 7.500.000 euros para la primera fase, a desarrollar en el año 2009, y de 3.500.000 de euros para la segunda fase, a ejecutar en el año 2010, consiguiendo, por tanto, un total de 11 millones de euros. El proyecto sería abandonado por los ciudadanos americanos y transferido entre enero y junio de 2010 a Alejandro Dávila y Juan Arespacochaga, quienes, de común acuerdo con los transmitentes, emitieron una serie de facturas falsas para acreditar que el proyecto se estaba ejecutando y así evitar el reintegro de las subvenciones. Alejandro Dávila habría pagado con dinero procedente de la propia ayuda pública de Cádiz Solar Center la adquisición de las acciones.

En el mismo año 2010, especifica el auto judicial, Alejandro Dávila obtuvo también del Ministerio de Industria otros 2.1000.000 euros para la empresa Aquandalucía para un proyecto en la Zona Franca de Cádiz y 2.400.000 euros para Soluciones Tecnológicas Ambientales para un proyecto en El Puerto de Santa María.

A criterio de la juez instructora, Ouviña no destinó esta importante suma de dinero a los planes empresariales previstos, sino que se quedó con parte del dinero y otra parte la desvió a fondos de inversión, a la constitución de nuevas empresas aparentando ficticiamente una solvencia económica inexistente y a la compra de un polígono industrial no subvencionable en la localidad de Alcalá de los Gazules.

Tal y como expone el auto de la juez, las nuevas empresas que se constituyeron con dinero procedente de Cádiz Solar Center, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales solicitaron a su vez al Ministerio de Industria y a la Agencia Idea millonarias ayudas públicas para el año 2011 con la finalidad de destinar el dinero a fondos de inversión particulares.

Así, a finales del año 2010 y principios de 2011, Alejandro Dávila Ouviña y Juan Arespacochaga, al no contar con recursos económicos para llevar a cabo el gran número de proyectos con los que intentaban convencer a Industria para la concesión de nuevas ayudas, se pusieron en contacto con el padre de Juan Arespacochaga, Joaquín Arespacochaga, inspector de Hacienda en excedencia con grandes conocimientos financieros, que por entonces se dedicaba a crear estructuras societarias en países como Luxemburgo, Suiza y Leinchestein para empresarios españoles.

Según del Río, los tres optaron por crear ante la Administración Pública la solvencia económica necesaria para obtener las millonarias ayudas públicas referidas, amparándose para ello en unos simulados fondos de inversión. Ello les permitiría obtener unos 100 millones de euros aproximadamente en subvenciones públicas, que pretendían desviar a fondos de inversión en el extranjero con el fin de lograr millonarios intereses económicos por la cantidad de 16 millones de euros.

Para alcanzar su plan, Alejandro Dávila, Juan Arespacochaga y Joaquín Arespacochaga decidieron que las empresas que ya habían obtenido las ayudas públicas que habían solicitado en el año 2011, deberían pasar a estar controladas mayoritariamente por Juan y Joaquín Arespacochaga a través de una estructura societaria deslocalizada y formada por sociedades con residencia en Luxemburgo que, a su vez, estaban formadas por sociedades con residencia en Panamá que, a su vez, estaban formadas por sociedades con capital social en las Islas Niu, Samoa, Gibraltar, Madeira... y así sucesivamente, hasta llegar el punto de no poder saber quién era el titular real de las mismas.

Así se fue fraguando lo que terminaría con la constitución de lo que ellos llamaron Grupo Kreation, el cual estaría compuesto por un total de 15 sociedades: Alcornocal Kork, Future Way, Jellyfish Fishing, Sidermetalux, Soluciones Tecnológicas Marbatec, Tecnología Solares del Noroeste, Plasma Technologies, Tecmargal, Cádiz Solar Center, Plasma Center, Bioenergy Park, Industria Tecnología del Tomo, Soluciones Tecnológicas Ambientales, Tecnología del Tolomo y Aquandalucía. La mayoría de dichas sociedades habían sido creadas con la colaboración del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. 

El capital de este “grupo” se fraccionaría y se controlaría principalmente por los Arespacochaga a través de un conjunto de sociedades en cuya constitución no intervenían sus verdaderos propietarios, sino que se hacían valer de una maraña de testaferros en calidad de administradores y apoderados de muy distintos países para ocultar al verdadero propietario de las mismas. Dichas empresas extranjeras posteriormente aumentarían el control sobre las empresas españolas subvencionadas mediante la fórmula de ampliación de capital a través de créditos ficticios.

Todo este entramado, afirma Lourdes del Río, se fue cuajando "por la relación que mantenía en ese momento Alejandro Dávila con Antonio Perales, director del Plan Bahía Competitiva". La magistrada subraya el papel destacado que tenía Antonio Perales en el procedimiento de concesión de las ayudas, pues, aunque la obtención de la subvención de Reindus le correspondía formalmente al Ministerio de Industria, el informe técnico -base de la concesión- dependía de una comisión formada por dos técnicos de la Diputación de Cádiz, uno del Plan Bahía Competitiva y otro de la Agencia Idea de la Junta de Andalucía, "comisión en la que Antonio Perales interfería a su antojo, haciendo y deshaciendo sin ningún criterio técnico".

Alejandro Dávila, indica la juez, para entonces ya había conseguido que Antonio Perales colocara meses antes a su sobrina Ofelia Perales (hija de Alfonso Perales, ex consejero de la Junta) en una de sus empresas, en concreto, Soluciones Tecnológicas Ambientales; el alquiler de un piso de Antonio Perales en Alcalá de los Gazules a uno de los trabajadores de dicha empresa, así como otros beneficios indirectos para su entorno familiar.