Tribunales

El juicio a Maribel Peinado por el caso de los Aceites, en abril de 2020

  • La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para la ex alcaldesa andalucista de Puerto Real y ex vicepresidenta de la Diputación de Cádiz

Maribel Peinado en los juzgados de Puerto Real, en 2014 Maribel Peinado en los juzgados de Puerto Real, en 2014

Maribel Peinado en los juzgados de Puerto Real, en 2014 / D.C.

El juicio a Maribel Peinado, ex alcaldesa de Puerto Real por el extinto Partido Andalucista y ex vicepresidenta de la Diputación de Cádiz, por el caso de los Aceites ya tiene fecha de celebración. Será los días 14, 16, 17, 21 y 23 de abril de 2020 en el Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz.

La Fiscalía pide para la ex regidora puertorrealeña y para seis de los ediles que formaban parte de la Junta de Gobierno Local de Puerto Real durante la pasada legislatura ocho años de inhabilitación para cargo electo.

Este caso nació a partir de la denuncia de la Asociación Nacional de Gestores de Residuos y Subproductos de Aceites y Grasas Comestibles, Geregras, colectivo que consideró que la firma del convenio que Maribel Peinado suscribió con la empresa Biouniversal, S.L para la recogida de aceite usado en Puerto Real impedía que el resto de empresas debidamente autorizadas pudiesen trabajar en la localidad. Eso fue entendido por Geregras como un acto que vulneraba la libre competencia de mercado, además de suponer posibles irregularidades en la concesión.

La firma del convenio con Biouniversal dio lugar a "un monopolio" que "despreciaba" las normas legales de contratación pública

Aunque fue Peinado quien consignó el convenio y su posterior ampliación para incluir, además del aceite usado doméstico, el procedente de la hostelería, el asunto salpicó a un funcionario de la Delegación de Medio Ambiente (que elaboró un informe dando el visto bueno a la conveniencia de firmar dicho convenio) y a seis concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno Local que ratificó la firma: José Antonio Ayuso, Juan Carlos Martínez, Flores Domínguez, Jesús Plaza, Francisco Javier Traverso y Manuel Izco.

Según expone la fiscal en sus conclusiones provisionales, la ex alcaldesa, junto al resto de acusados, de común acuerdo y "guiados por el ánimo de favorecer de manera arbitraria a la empresa Biouniversal", realizaron las gestiones necesarias para adjudicar "un monopolio" con "absoluto desprecio" a las normas administrativas y legales de contratación pública e impidiendo la posibilidad de obtener el contrato a otras empresas del sector. Eso fue lo que provocó la denuncia de la Asociación Geregras.

La fiscal también considera que se optó por el convenio para evitar la participación de terceros, ya que la empresa Biouniversal no superaría el proceso "al carecer al tiempo de suscribir el convenio de las autorizaciones necesarias para prestar la totalidad del servicio".

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