Sucede en Justicia, como más frecuencia de la deseada, que las causas tardan mucho tiempo en juzgarse por los enormes retrasos que sufren durante su tramitación. No ha sido así en el caso del crimen del Churrero, que ha llegado a juicio 15 años después de lo sucedido por una sencilla razón: los supuestos autores no habían sido localizados.

Durante la segunda sesión de la vista oral celebrada ayer en la Audiencia Provincial de Cádiz, un agente de la Guardia Civil manifestó que, tras seguir numerosas líneas de investigación –hasta 30 diferentes– para esclarecer la muerte violenta del chiclanero Antonio Romero en 2004, no fue hasta 2016 cuando lograron encontrar una pista que les permitió tirar del hilo hasta identificar a las tres personas que esta semana están siendo juzgadas por los delitos de asesinato, lesiones y robo en casa habitada.

Esa pista fue “un positivo” en una prueba de ADN que se cotejó “mediante una búsqueda automática” con muestras de sangre que fueron tomadas tras la inspección ocular realizada en el domicilio del matrimonio chiclanero asaltado hace ahora 15 años.

A partir de esta coincidencia en las bases de datos policiales, explicó el guardia civil, se identificó el perfil genético de uno los acusados, Adrijam S., cuyo ADN se obtuvo de un reguero de sangre que había en la casa de los ancianos, en concreto, en un muro rematado con casquetes de vidrio incrustados.

“Entonces pudimos localizar a Adrijam S. en Dos Hermanas, Sevilla. Adrijam pertenecía a una banda criminal de la antigua Yugoslavia cuyos miembros tenían mucha movilidad geográfica además de numerosos antecedentes penales por robos en viviendas”, dijo este testigo.

“Adrijam se autoinculpó” y después “identificó” al resto de personas que participaron en el asalto a la vivienda de Chiclana la madrugada del 23 de septiembre de 2004”, continuó el agente su declaración.

De primeras, el guardia civil testificó ante el tribunal de la Sección Primera que la información facilitada por Adrijam fue “un dato más” en la investigación del caso, si bien, a preguntas de la defensa –que le interrogó insistentemente por el grado de colaboración de Adrijam con la Guardia Civil, terminó admitiendo que los datos ofrecidos por este procesado fueron claves para sentar en el banquillo a Faruko M. y a Enver B, los otros dos encausados en este procedimiento.

“No teníamos al resto de acusados ni localizados ni vinculados con estos hechos”, reconoció el guardia civil, que añadió que Adrijam aportó información “muy útil, incluso datos personales de sus compañeros, a los que identificó voluntariamente y sin ningún género de dudas”.

Sobre las comunicaciones que mantuvo en 2016 Adrijam con su esposa dentro de la cárcel, el agente explicó que el juzgado ordenó la intervención y la grabación de esas conversaciones. “Él no sabía que estaban siendo registradas”, indicó el testigo a preguntas del fiscal. “Tampoco se ofreció para ello”, remató.