El juicio con jurado al vecino de Arcos acusado de asesinar a su bebé de ocho meses ha comenzado este miércoles en la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Jerez a partir de las 10 de la mañana.

La Fiscalía solicita el internamiento del padre en un centro psiquiátrico “con carácter permanente y revisable”, dado que aprecia en él un trastorno psicótico. Mientras, la acusación particular solicita para el acusado prisión permanente y revisable. Un jurado, que decidirá sobre la culpabilidad o no del encausado, se constituye este miércoles.

El Ministerio Fiscal sostiene en sus conclusiones provisionales que el procesado mantenía una relación sentimental con S. desde el año 2013, fruto de la cual tuvieron un hijo. Días antes del crimen, afirma el fiscal, la pareja vivía por separado, él con su familia y ella en su domicilio habitual. El mismo día de los hechos, el 1 de junio de 2017, ambos decidieron retomar la convivencia.

El acusado, prosigue la Fiscalía, se encontraba en la habitación de matrimonio con S. y su hijo de ocho meses cuando “le tapó la nariz y la boca” al pequeño. La madre, con un grado de discapacidad del 68%, le recriminó su comportamiento y acudió en auxilio del bebé, momento en el que su pareja le dio “puñetazos y patadas”.

El encausado, lejos de atender los requerimientos de la madre, “apretó la cara del bebé contra su pecho, lo asfixió y lo dejó en el suelo”.

Según recoge el fiscal en su calificación, en el momento de cometer el crimen el padre creía recibir mensajes en su teléfono móvil que le decían “que tenía que asfixiar al bebé”, “que pronto llegaría el Apocalipsis”, “que había una red extranjera compuesta por falsos apóstatas que sabían que el Armaggedon estaba cerca”. Y que tal como recibía los mensajes y los aceptaba en el teléfono móvil, se borraban.

"Sabía lo que había hecho"

Sobre las 8:20 horas, el procesado abrió la puerta a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, los cuales se personaron en el domicilio familiar tras el aviso de una vecina que escuchó fuertes golpes, los llantos del bebé y los gritos de S., que decía "que no le pegara más".

El supuesto parricida les explicó a los agentes de la Guardia Civil que "sabía lo que había hecho" y que "lo único que quería era tirarse por la Peña" (expresiones que refirió tanto en el momento de abrir la puerta como en el trayecto hacia el cuartel de la Benemérita).

La Fiscalía precisa en su calificación que el bebé falleció entre las 6:30 y las 7:30 horas el 1 de junio de 2017. "La causa de la muerte fue de naturaleza violenta y a consecuencia de asfixia mecánica por sofocación".

Según las conclusiones de los médicos forenses, argumenta el fiscal, el acusado "presentaba un trastorno psicótico en el momento de los hechos, con síntomas alucinatorios y delirantes". Además, tenía afectadas "las capacidades intelectiva y volitiva, con afectación grave de la capacidad de conocer y anulación de la capacidad de querer".

La madre del bebé, por su parte, tiene reconocida por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales un grado de discapacidad del 68% desde el 11 de abril de 2014 y el 5 de junio de 2017, una dependencia moderada (en grado I), discapacidad intelectual leve e hipoacusia neurosensorial profunda bilateral, pendiente de implante coclear.