Provincia de Cádiz

Todos miran a la Junta en el posible fraude a los ex Delphi

  • Testigos de Fueca y de los sindicatos dejan claro en el juicio que los ex trabajadores nunca participaron en el diseño de la relación laboral

Ex empleados de Delphi, ayer en la sede del Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz antes de iniciarse el juicio. Ex empleados de Delphi, ayer en la sede del Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz antes de iniciarse el juicio.

Ex empleados de Delphi, ayer en la sede del Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz antes de iniciarse el juicio. / LOURDES DE VICENTE

Ninguno de los 416 ex trabajadores de Delphi que participaron en los cursos de formación que recibieron de la Fundación Universidad Empresa (Fueca) tuvo decisión sobre el tipo de relación laboral que, supuestamente, fue fraudulenta. Esta fue la principal conclusión del juicio celebrado ayer en el Juzgado número 3 de lo Social de Cádiz, donde prestaron testimonio cinco personas: dos ex trabajadores (de los cinco previstos), dos más que pertenecieron a Fueca y uno más de los sindicatos. No compareció ningún representante de la Consejería de Empleo.

Los dos representantes de la Fundación explicaron ayer que fue la Junta de Andalucía quien marcó las pautas sobre el tipo de relación laboral y que esta entidad fue la última que ofreció este tipo de formación remunerada que permitía a los ex empleados de Delphi que no encontraban trabajo percibir un salario y cotizar a la Seguridad Social. En 2013, un año después de que acabara esta formación, la Inspección de Trabajo alertó de que había irregularidades en el mecanismo de contratación, en un informe en el que advirtió que "un desempleado no puede recibir un sueldo que suponga cotización y posible percepción de un posterior subsidio por desempleo por asistir a un curso formativo".

Por ello se consideró que había habido en este caso una simulación de contrataciones y el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) sancionó a las fundaciones y empresas que impartieron esta formación, activada en el 2009 para los ex empleados de Delphi que habían agotado el subsidio por desempleo y seguían sin trabajo.

Entre ellas estaba Fueca, a la que se le reclamó que devolviera las cantidades aportadas en estas contrataciones. En total 6.250 euros por cada trabajador que había seguido la formación en esta institución, lo que sumó más de dos millones de euros. Agotadas las vías administrativas para recurrir esta sanción, esta Fundación acudió a la vía penal, con una demanda en la que alegó que en el sistema de contratación que se estableció intervinieron los representantes sindicales, los extrabajadores y la Junta de Andalucía, por lo que entendía que eran los actores y responsables de este posible fraude.

Sin embargo, en el juicio de ayer, además del testimonio de los representantes de Fueca, el portavoz de UGT en este colectivo, Antonio Montoro, explicó que ayer declaró "la verdad: que los sindicatos en ningún momento participaron" en determinar qué tipo de contratación se hacía a los ex empleados por esta formación remunerada. "Nosotros colaborábamos para que la formación fuera bien, pero nunca en los criterios técnicos de cómo se establecía la financiación o la contratación; era la Junta la que establecía esos criterios", dijo.

El juez del caso acordó que las partes entreguen por escrito sus conclusiones sobre esta demanda para, una vez recibidas, dictar sentencia, con lo que se ha suspendido la sesión prevista para mañana viernes que iba a estar dedicada a este trámite.

Este no es el único proceso abierto. El juzgado de lo Social número 2 de Cádiz celebró este martes una vista en la que el SEPE dejó constancia de que no persigue que los extrabajadores de Delphi deban devolver las cantidades percibidas por esta formación, que sí exige a las empresas y fundaciones que la impartieron. Los juicios por estas prestaciones se prorrogarán hasta junio de 2018, cuando esta fijada la vista por los cursos de formación que impartió a este colectivo el grupo Prescal, del exconsejero Angel Ojeda.

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