La lucha contra el cambio climático ha generado en la última década una de las carreras por la innovación más punteras del mundo. Los compromisos incumplidos del Protocolo de Kyoto (1997) se han convertido en una sonrojante pesadilla para Occidente, pero también han dado lugar a una nueva línea de inversión y negocio para el sector privado. La Bahía de Cádiz ha hecho su apuesta particular en el juego mundial del nuevo ecologismo a través de Aurantia y su filial Celulosa Investments.

La actividad de esta compañía será el cultivo de microalgas en invernaderos que se levantarán en el azud de El Portal (entre Jerez y Puerto Real), en un terreno de unas cien hectáreas del Instituto Andaluz de Reforma Agraria concedidas por un periodo de 50 años (25 iniciales prorrogables a otros 25). El proyecto conlleva una inversión de casi 50 millones y ya cuenta con un incentivo público de 9,5 millones.

El leiv motive inicial de este novedoso cultivo de microalgas fue su destino para la producción de biodiésel en una planta que se iba a levantar en el Bajo de la Cabezuela. Pero la crisis del sector, principalmente, y el pinchazo de la GreenFuel, el proveedor estadounidense de tecnología, amén del cuestionamiento de esta técnica, dieron al traste con esta iniciativa pionera, que se ha reconvertido y bifurcado en dos: en lugar de una planta de biodiésel, se hará una central eléctrica de biomasa; y las microalgas, además de aprovecharse como biomasa (unas 145.000 toneladas anuales), se comercializarán como pienso animal y piscícola y de ellas se extraerán aceites para uso energético.

Pero hay un tercer negocio que da sentido y sustenta el proyecto: la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Según las previsiones de Aurantia, los invernaderos de El Portal captarán al año 350.000 toneladas de CO2 de la cementera de Holcim, con la que estarán conectados a través de una gran tubería. Con esta operación, ambas empresas obtienen un beneficio: el CO2 es, junto a otros nutrientes, la base de la alimentación de las microalgas de Aurantia; y la fábrica jerezana reduce sustancialmente sus emisiones y puede vender los derechos excedentarios a otras industrias en el mercado europeo. Es decir, contamina menos y gana con ello.

Según el resultado de 2008, Holcim tenía derechos para emitir 590.502 toneladas de CO2, pero, debido a la menor actividad del sector de la construcción -estuvo parada en diciembre-, sólo generó 472.954. Según este balance del Ministerio de Industria, la cementera tuvo un excedente de 117.548 derechos (cada derecho equivale a una tonelada) con el que caben dos opciones: guardarlo y acumularlo de cara al año 2013, cuando las emisiones dejarán de ser gratuitas; o bien, comercializarlo y obtener con ello unos ingresos que, según el precio máximo de 28,3 euros alcanzado el año pasado, superarían los 3,3 millones de euros. Un dinero extra y fruto de la eficiencia que, a buen seguro, supone un soplo de aire fresco para la caja de Holcim en el actual momento de recesión económica. Desde la compañía se asegura que "hasta ahora", en que los márgenes eran menores, la comercialización ha sido "limitada" porque los excedentes se han redistribuido entre las propias fábricas, lo que, por otro lado, también implica un ahorro porque no hay que recurrir a la compra en el mercado.

En este contexto es en el que hay que enmarcar el huerto de microalgas, una medida energética compensatoria (offset) de las muchas que el Gobierno tiene que empezar a promover ya para contribuir al compromiso de la UE de emitir un 20% menos de gases de efecto invernadero en 2020 (con respecto al nivel de 1990). Según las previsiones de Aurantia, el ahorro llegará a ser de 350.000 toneladas cuando el invernadero esté a pleno rendimiento. Esto significa que Holcim emitirá un 60% menos de dióxido de carbono y podrá disponer de este holgado margen de derechos. En caso de venderlo, el rédito podría llegar a los 9,9 millones de euros (a razón de 28,3 euros por cada tonelada) o, incluso, ser mayor porque la previsión es que los derechos se encarecerán, sobre todo a partir de 2013, cuando estos empezarán a limitarse y, progresivamente, dejarán de ser gratuitos. Entonces, la contaminación tendrá un coste, real y directo en los balances de las industrias.