La investigación abierta por la Guardia Civil a raíz de la denuncia presentada en Fiscalía por la formación política Plataforma 3R descartó de manera explícita ya en el pasado mes de febrero que existieran indicios de delitos en torno a las obras que la ex concejala de Urbanismo, Claudia Márquez, llevaba a cabo en una casa de su propiedad que había adquirido previamente en el centro de San Fernando al objeto de rehabilitarla y acondicionarla como vivienda familiar.

Las conclusiones a las que llega el equipo de delitos urbanísticos de Comandancia de Cádiz han sido determinantes para el archivo de las diligencias judiciales, que ha trascendido esta misma semana. Y en ellas –tras revisar exhaustivamente todos los expedientes y la documentación existente– se insiste en la legalidad de todo el proceso relacionado con las obras del inmueble de la edil socialista. De hecho, la Guardia Civil confirma que en el transcurso de la investigación no se han encontrado pruebas que demuestren que la concejala haya podido incurrir en alguno de los ilícitos penales cuya posibilidad había apuntado en 2021 el partido Plataforma 3R: prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

Porque esta formación política –que carece de representación en el Ayuntamiento isleño y que tampoco se presentó a las elecciones municipales de 2019– había señalado en su denuncia ante la Fiscalía dos cuestiones principalmente y ambas, además, de especial gravedad: una, que las obras en la casa de la concejala se estaban llevando a cabo sin licencia alguna, sin abonar tasas, sin la correspondiente cartelería identificativa y ocupando la vía pública con cubas, andamios, materiales, etc...; y otra, que podía existir algún tipo de connivencia con la empresa isleña que se encargaba de la rehabilitación de la finca puesto que había resultado también adjudicataria de un importante contrato en el Consistorio isleño, cuyo importe superaba el medio millón de euros.

Una cuestión –esta última– que resulta especialmente llamativa pero que la Guardia Civil desmonta tras examinar con detalle todo el proceso de licitación pública: las ofertas presentadas, su valoración, las reuniones de la mesa de contratación (de la que tampoco formaba parte la edil en cuestión)... De hecho, en la investigación se llega a la conclusión de que todos los pasos dados por el Ayuntamiento de San Fernando en este sentido son conforme a derecho y han contado con los informes preceptivos, por lo que se descarta que las obras pudieran haberse dado a dedo o esa supuesta contraprestación hacia la empresa que se encarga de las obras de la vivienda de la concejala, que por otro lado además es uno de los licitadores locales que frecuentemente trabaja con el Consistorio.

Tampoco el otro planteamiento que Plataforma 3R hace en su denuncia llega a prosperar tras constatarse claramente en el expediente de Urbanismo, tras los informes de los técnicos municipales, que las obras se ejecutan –en una primera fase– al amparo de la orden de ejecución dictada en 2017, por lo que no precisa de cartelería de obra según la ley, con la autorización de la comisión municipal de patrimonio histórico y al amparo de la declaración responsable de sus promotores.

Del mismo modo, y en contra de lo asegurado por Plataforma 3R, se acredita el pago de las tasas por ocupación de la vía pública en diferentes ocasiones y del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).

Así que no resulta extraño que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 haya ordenado el archivo de las diligencias judiciales abiertas hace apenas unas semanas a propuesta de la Fiscalía ni que se pronuncie de manera tan expeditiva en el auto judicial que ha trascendido esta semana y en el que, en línea con la investigación de la Guardia Civil, se descartan indicios de delito por parte de la edil.

Para el ejecutivo municipal, que lleva meses lidiando un tema que ha propiciado incluso una reordenación del gobierno al salir Claudia Márquez de Urbanismo, el archivo de las diligencias, dada la contundencia de los argumentos del Juzgado, zanja definitivamente el tema: "No hay caso Claudia Márquez", ha llegado a afirmar.