Provincia de Cádiz

El penúltimo fracaso del Bicentenario

El Bicentenario de la Constitución de 1812 acumula vergüenzas incluso cinco meses después de concluidos los fastos de la conmemoración. La intención de unir todos los equipamientos que forman parte de nuestro patrimonio relacionado con este periodo de la historia, y que están desperdigados por varias poblaciones de la Bahía en muchos casos infrautilizados, ha fracasado. De nuevo la imposibilidad política de ponerse de acuerdo en un proyecto ciudadano ha dado al traste el proyecto impulsado por el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, con un concepto sencillo, claro y evidente: poner en un mismo paquete castillos, iglesias, centros de interpretación y recintos que han tenido que ver con el Doce para crear una ruta común que los potencie como lugar turísticos y culturales con una proyección más allá de nuestras fronteras.

El proyecto, a priori sin mayores problemas para sacarlo adelante, se ha topado sin embargo con la pereza de buena parte de las instituciones, públicas y privadas, que debían de ponerse de acuerdo. Tras varios meses de llamadas e intentos de consensuar un acuerdo de gestión para este patrimonio, Fernando López Gil reconoció a Diario de Cádiz que desistía de seguir intentando el éxito de este proyecto, por lo que la Junta de Andalucía, a partir de ahora, pondrá en marcha por su cuenta un nuevo modelo de gestión para el patrimonio que a ella compete, en este caso el Centro de Interpretación del Constitucionalismo, ubicado en un edificio anexo al Oratorio de San Felipe Neri, en pleno centro de Cádiz capital.

"No logro entender por qué estas instituciones no se han podido poner de acuerdo. ES una situación personalmente muy frustrante", se lamenta el representante de la Junta, que recuerda que se llegó a elaborar un protocolo base para la gestión de estos equipamientos (el Oratorio, los centros de interpretación de Cádiz y San Fernando, el Real Carenero, el puente Zuazo...), para posteriormente licitar su gestión a fin de que alguna firma privada especializada en este tipo de proyectos le diese un uso turístico y cultural del que hoy en su mayoría se adolece.

Según López Gil, los ayuntamientos de San Fernando y Puerto Real, además de la propia Junta, se mostraron interesados por esta idea. Cádiz, por contra, indicó que prefería gestionar con sus medios su propio patrimonio aunque sí estaba de acuerdo con un acuerdo global. Desde la Iglesia (propietaria del Oratorio, ya rehabilitado y salvado de la ruina gracias al dinero de la Junta) se mantenía un silencio a estas propuestas.

Sin embargo, esta visión favorable de la idea no culminó con un acuerdo rubricado entre todos. "Llegamos a poner fecha y lugar para la firma, en las cercanías de la festividad del pasado 19 de marzo. Hubo que aplazarlo por la imposibilidad de asistencia de algunos representantes de las instituciones implicadas y a partir de ahí nadie respondió a nuestros requerimientos".

Sólo tras un lamento público del propio representante de la Junta, hace apenas unas semanas, "algunos nos dijeron que sí tenían interés". Interés que se quedó ahí.

Ante esta situación, tras pasar ya cinco meses desde la conclusión del Bicentenario, la Junta ha preferido dar un paso adelante, con la intención de dinamizar el equipamiento que de esta administración depende y, a la vez, animar al resto de las administraciones a dar un paso adelante.

"Ante esta situación, hemos decidido actuar por nuestra cuenta y vamos a plantear la llegada de un empresa cultural privada que se haga cargo de la gestión del Centro de Interpretación el Constitucionalismo de Cádiz". Se considera que de esta forma la propia ciudad sacará más partido de un equipamiento con un evidente valor cultural y turístico, al poder entrar en los circuitos de viajes que manejan habitualmente las empresas del sector. Esta empresa se haría cargo de las negociaciones con el Obispado de Cádiz para volver a poner en marcha los equipos de proyección que funcionaban en el interior del Oratorio y que servían como final de la visita al Centro de Interpretación.

Reactivar este último proyecto, uno de los más espectaculares del Doce pues suponía una proyección sobre la historia de la Constitución de 1812 sobre los muros interiores del templo de la calle de Santa Inés, ha supuesto otro quebradero de cabeza para la Junta de Andalucía.

El pasado 31 de diciembre el Oratorio, gestionado por el Consorcio y la Junta a lo largo de todo el 2012, volvió a manos del Obispado de Cádiz, que había entregado un edificio en ruinas y se había encontrado con un templo que había recuperado su esplendor original. "Lo primero que hizo la Iglesia fue poner un pestillo en la puerta que conectaba el Centro de Interpretación con el Oratorio (que daba a uno de los balcones interiores desde donde se veía la proyección)", comenta aún sorprendido López Gil. Desde entonces los intentos por alcanzar un acuerdo con el Obispado han sido infructuosos.

"Las máquinas son propiedad de la Junta, pero los cañones de proyección están dentro del templo. Hemos lanzado en estos meses gestos de buena voluntad para intentar mantener relaciones cordiales (que en tiempos del obispo Antonio Ceballos eran habituales), pero sólo cuando le planteamos que no íbamos a hablar más, cuando incluso hemos pagado el servicio de seguridad cada vez que celebraban en el templo un acto público para que se pudiese acceder a los aseos o pudiesen entrar personas con discapacidad física (el templo tiene una escalinata), han planteado ahora reanudar las negociaciones", indicó el delegado.

Lo cierto es que el recorrido por el Centro de Interpretación del Constitucionalismo se queda corto desde el final del Bicentenario al no poder disfrutar de la proyección en el Oratorio.

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