Tribunales

"¿Por qué 20 personas se lo juegan todo para beneficiar a uno a cambio de nada?"

  • Las defensas de los acusados coinciden en criticar la ausencia de pruebas y de móvil del delito en la última sesión del caso Uniformes.

Visto para sentencia. El juicio del caso Uniformes llegó ayer a su final tras nueve sesiones eternas sustentadas en las declaraciones de los 20 acusados -diez de ellos concejales y ex concejales de Rota y los otros diez funcionarios del Ayuntamiento, familiares y empresarios de esta localidad- y de una treintena de testigos. El tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial tendrá que dirimir ahora si, como asegura el Ministerio Fiscal, en el Ayuntamiento roteño existió una "estructura piramidal" para beneficiar al ex alcalde Lorenzo Sánchez mediante contratos de suministro de uniformes y material laboral a empresas de su entorno, o si, como coinciden todos los abogados defensores, no hubo tal entramado delictivo porque nada de lo denunciado ha quedado probado en el juicio.

"¿Por qué 20 personas, unos políticos y otros funcionarios, deciden todos jugarse sus cargos públicos o sus puestos de trabajo para beneficiar en exclusiva a uno de ellos a cambio de nada?". La frase la lanzó ayer al tribunal José Estanislao López Gutiérrez, el abogado de Lorenzo Sánchez, ex alcalde de Roteños Unidos y principal acusado en esta supuesta trama. Él fue uno de los letrados que ayer tomaron la palabra para exponer sus informes finales. Y López Gutiérrez procuró, desde diversos frente, tirar por tierra las acusaciones "incoherentes" de la Fiscalía.

Así, por ejemplo, llamó la atención que el Ministerio Público situara a su representante al frente de esa supuesta estructura piramidal -"como si fuera don Corleone", dijo- y que después no le acusara de un delito de pertenencia a un grupo criminal. E igualmente incidió en el supuesto papel de testaferro de otro de los acusados, Isidro Martín-Bejarano. "Para que exista un testaferro tiene que haber un flujo económico. Pero sorprendentemente las acusaciones, ni durante el procedimiento, ni en este juicio, han probado o han intentado probar siquiera que Lorenzo Sánchez se beneficiara de la empresa que creó Martín-Bejarano, simplemente porque eso jamás sucedió porque no existió tal testaferro".

También llamó la atención que ni la Fiscalía, ni la acusación popular que ejerce el PSOE pidieran responsabilidad civil para ninguno de los acusados, algo que entiende que es debido a que no hubo daño a las arcas municipales.

El abogado de Lorenzo Sánchez afirmó que algunos de los testigos aportados en el juicio por la acusación popular se contradijeron en sus declaraciones y que otros incluso llegaron a mentir; subrayó que su cliente jamás fue administrador de la cooperativa Coanda y sí un simple comercial; reiteró que el ex alcalde jamás ocultó su pertenencia a diferentes sociedades mercantiles "por lo que no puede haber delito de falsedad"; dijo que Lorenzo Sánchez "siempre cumplió todas las órdenes que le dictó un secretario general del Ayuntamiento que es muy puntilloso"; y recurrió a la reciente resolución del Tribunal Supremo que absolvió a la ex alcaldesa de Jerez María José García-Pelayo en la trama Gürtel para justificar que un alcalde sea ajeno a las decisiones que toman los funcionarios de su Ayuntamiento.

La petición de absolución que reclamó López Gutiérrez para su cliente fue asumida igualmente por el resto de abogados defensores que tomaron la palabra ayer. Así, el abogado del secretario general del Ayuntamiento, Juan Carlos Utrera, dijo que su cliente estuvo siempre en un "fuego político cruzado" entre el gobierno municipal y la oposición y que siempre cumplió con su cometido; la letrada de Isidro Martín-Bejarano, el supuesto testaferro, dijo que éste no actuó bajo las órdenes de Lorenzo Sánchez "porque está capacitado para dirigir él sólo una empresa"; y el abogado del ex concejal Antonio Alcedo apostilló que su cliente dejó de trabajar en la cooperativa Coanda en 1991 y que mantuvo la presidencia de la misma sólo con carácter simbólico.

Todos los abogados coincidieron al criticar la falta de pruebas aportadas en el juicio por las acusaciones y, en especial, afearon que este procedimiento se tramitara por la vía penal "cuando parece claro que es un asunto puramente administrativo", dijeron. También incidieron en que no hay móvil del delito, ni pruebas, ni siquiera el principio de culpabilidad, ya que entienden que no existe dolo en un procedimiento que queda ya a expensas de que se dicte sentencia.

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