Las plantillas de trabajadores de los cuatro centros sanitarios que la empresa Pascual tiene en la provincia han convocado una manifestación que recorrerá hoy las calles del centro de Cádiz para exigir a la Junta de Andalucía que renueve el concierto que desde hace años mantiene con esta empresa privada para el uso público de una parte de sus instalaciones.

Los trabajadores de Pascual, que han recibido el apoyo de formaciones políticas como el PP y el PSOE, temen que pueda haber una reducción de la plantilla de la empresa en el caso de que la Administración andaluza no renueve el concierto. De ahí la manifestación de hoy, que ha sido bautizada como la mareablanca y que está previsto que arranque a las 12 del mediodía desde la plaza de San Antonio de la capital gaditana. Tras recorrer la calle Ancha, concluirá en la plaza de las Flores.

De momento, la empresa Pascual -que gestiona la Clínica de San Rafael de Cádiz y los hospitales Santa María del Puerto de El Puerto, Nuestra Señora de las Montañas de Villamartín y Virgen del Camino de Sanlúcar- prefiere guardar silencio a la espera de conocer el desarrollo de las negociaciones que mantiene con la Junta de Andalucía. Por el contrario, sí se pronunció ayer el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, que incluso mantuvo reuniones con representantes de los trabajadores, a los que informó de que las conversaciones con la empresa continúan y de que se ha aprobado una prórroga obligatoria de dos meses del convenio actual.

El delegado explica que en la actualidad se mantienen dos conciertos con esta empresa que finalizaban ayer, uno para hospitales que tienen puerta de urgencias, que son los casos de El Puerto, Sanlúcar y Villamartín, y otro que afectaría al hospital de San Rafael. De momento, López Gil ha planteado que la prórroga de estos dos meses sea "en las condiciones actuales" y "prestando el servicio en los mismos hospitales que estaban hasta ahora conveniados".

La intención de la Junta es aminorar el coste del servicio en un 2,3%, una cantidad que, según el delegado, no tendría que "afectar ni al empleo actual de los centros, ni a la calidad de la asistencia sanitaria, ni a la cartera de servicios que se presta".