Provincia de Cádiz

La plataforma del vado moviliza a los afectados para exigir el cobro

  • El colectivo vecinal, que hoy celebra una reunión pública en La Dehesilla, solicita al Gobierno local que "reflexione" y devuelva el dinero recaudado "ilegalmente"

La Plataforma Vecinal del Vado hizo ayer una valoración pública de las reuniones que ha mantenido con todos los grupos políticos del Ayuntamiento, excepto el PSOE, que "no ha querido recibirnos", así como con la Federación Local de Asociaciones de Vecinos 'Guadalquivir', para abordar la sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Cádiz que declara "nulo de pleno derecho" el procedimiento que en los últimos seis años ha venido aplicando la Diputación Provincial de acuerdo con el Consistorio para el cobro de esta tasa en la ciudad. Como es sabido, el fallo se refiere a un único contribuyente, pero dicho colectivo sostiene que se trata de una resolución judicial que rechaza claramente el proceso empleado en todos los casos.

Esta entidad que agrupa a casi 300 afectados mostró su satisfacción por el respaldo que dijo haber recibido por parte del PP, IU, el PA y la federación vecinal, al tiempo que criticó duramente la respuesta de Ciudadanos Independientes de Sanlúcar (CIS), partido que gobierna en coalición con el PSOE. "Nos parece lamentable y de cobardes que esta formación política no obligue al equipo de Gobierno a devolver el dinero a todos los ciudadanos que han sufrido el abuso que ha supuesto el procedimiento de comprobación limitada", aseveró José Diego Salas, quien censuró, igualmente, que "cuando CIS estaba en la oposición, decía todo lo contrario, defendía, como la plataforma, que el procedimiento era ilegal, justo lo que ahora ha dejado claro la sentencia", un aspecto que también criticaron Enrique Guisado y Miguel Orellana. Con todo, Salas apostilló que el PSOE "es el partido más cobarde de todos" ante esta problemática.

La plataforma pide al Gobierno local que "reflexione para que se cumpla la ley, lo que no se ha hecho hasta ahora". En caso contrario, "pondremos tantas reclamaciones como abusos ha habido en Sanlúcar, porque cada ciudadano que ha recibido una carta con ese procedimiento de comprobación limitada ha sido víctima de un abuso". Este colectivo, que se quejó también de que el año 2002 "no ha sido anulado, en contra de lo que nos dijeron", ha contactado con un bufete de abogados de Sevilla para tramitar las reclamaciones individuales. "Esto no prescribe. Si el Ayuntamiento no responde, iremos al Contencioso-Administrativo", adelantó Salas.

La plataforma asegura haber registrado ya sin éxito cuatro solicitudes de reunión dirigidas a la alcaldesa, Irene García. En palabras de Orellana, "lo único que queremos es que nuestros representantes políticos tomen cartas en el asunto para defender a los ciudadanos y pidan a la Diputación la devolución del dinero cobrado ilegalmente a través de un procedimiento vergonzoso con el que incluso se les ha llegado a meter miedo a los ciudadanos".

Alfonso Martínez destacó que la Justicia ha acabado dando la razón a la plataforma después de más de seis años "peleando". A las siete de esta tarde celebra en el colegio de La Dehesilla una reunión pública sobre este conflicto.

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