Hasta 203 polígonos industriales de la provincia se beneficiarán de la futura ley de espacios productivos que prepara la Junta

La Administración regional tramita esta nueva normativa que pretende fomentar el conocimiento y el acceso a estos espacios y así captar inversión

La delegada territorial Inmaculada Olivero, durante su intervención.
La delegada territorial Inmaculada Olivero, durante su intervención. / Junta de Andalucía
Redacción

12 de septiembre 2024 - 14:56

Cádiz/Hasta 203 espacios industriales de la provincia de Cádiz se podrán beneficiar de la modernización que prevé la Junta de Andalucía con la nueva ley de espacios productivos que está tramitando. La delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Cádiz, Inmaculada Olivero, ha informado hoy sobre la tramitación de la normativa que además reglas con herramientas concretas para atender las necesidades de los polígonos industriales.

Desde la Junta defienden la importancia de esta futura ley en Andalucía enfocada "a la puesta en valor y organización de los espacios productivos, que beneficiará a la comunidad y a nuestra provincia". En Cádiz hay 203 espacios industriales y más de 5.200 empresas implantadas en estos polígonos, apuntó la responsable provincial que maneja datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). "Se trata de una ley importante y única", destaca, al considera que "supone dar pasos adelante en cuanto a la actividad económica en el territorio".

Medidas para captar inversión

Una de las medidas clave, expone la Junta, es la creación del espacio industrial protegido, una figura que busca proteger los espacios de alto valor industrial e impacto económico y social para el territorio donde se ubican, que se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales para ser más atractivos para acoger proyectos de calidad.

Otra medida relevante del texto es una clasificación de los espacios productivos en función del nivel de infraestructuras y servicios, con etiquetas según su especialización y adecuación a la transición ecológica y digital. Con esta iniciativa se pretende facilitar el establecimiento de hitos de mejora en las infraestructuras o los servicios de que disponen, poniendo en valor asimismo sus potencialidades.

La futura ley no se limitará a la mejora de los polígonos, sino que busca llenarlos de industria, deja claro el Gobierno andaluza. Para ello introduce nuevas figuras e instrumentos como los proyectos tractores de la industria, para los cuales se contempla un régimen administrativo preferencial; poner a su disposición el sistema andaluz de captación de inversiones industriales; disponer de una oferta pública permanente de suelo industrial y reforzar la información que ya proporciona el IECA a través de un censo de espacios productivos.

El texto del anteproyecto contempla instrumentos para abordar el problema del acceso a la energía en los polígonos y que pretenden aprovechar las oportunidades que brindan las energías renovables y los nuevos vectores energéticos como el hidrógeno verde. Así, se propone la elaboración de un censo de calidad y potencia de energía eléctrica en los polígonos, una plataforma para la solicitud de acceso a suministro eléctrico, la reserva de terrenos para usos industriales y energéticos, y ayudas para la mejora y desarrollo de las infraestructuras energéticas.

Nuevo marco legal

Olivero ha aludido a este documento impulsado por la Junta de Andalucía y orientado a la mejora en infraestructuras y servicios, a la puesta en valor de los espacios productivos existentes y al aporte de seguridad jurídica para facilitar la implantación de industria en los polígonos industriales y parques empresariales. Ante la importancia de "atraer inversiones", la futura normativa pretende ser un marco legal que ofrezca una visión integral de los espacios productivos como generadores de oportunidades de desarrollo económico y social, capaces de atraer inversión industrial, con un entorno capaz de eliminar trabas y simplificar trámites.

La delegada territorial ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó el 16 de julio el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley y que el plazo de audiencia e información pública está abierto hasta el 15 de octubre, "por lo que animamos a los ayuntamientos y entidades vinculados a los polígonos a hacer sus aportaciones, y ponemos a su disposición esta Delegación Territorial para este asunto".

Desde el Gobierno andaluz defienden su apuesta por el diálogo social y la colaboración para que "Andalucía y nuestra provincia sean, cada vez más, lugares apetecibles para la inversión y la instalación de nuevas empresas y la creación de empleo". Como ejemplo ponen las líneas de incentivos que están convocando y que se dirigen a empresas que necesitan esos espacios productivos, "que hay que identificar". Se trata de dar un paso más, poner en valor y dar instrumentos”. De hecho, la Consejería de Industria, Energía y Minas tiene previsto lanzar un nuevo programa de incentivos integrados que aúna dos vertientes fundamentales, la competitividad industrial y la eficiencia energética, que contará con un presupuesto de 50 millones de euros en Andalucía.

Para la Junta, con la futura ley se apuesta por un modelo de gobernanza basado en la colaboración público-privada y entre las administraciones autonómica y local para abordar la planificación, gestión y mejora de las infraestructuras y servicios, así como en materia de empleo, aumentar la cantidad, calidad, seguridad, capacitación y la presencia de la mujer en los espacios productivos, entre otros objetivos. Además, esta normativa persigue regular medidas que faciliten conocimiento y acceso a suelo industrial y suministros energéticos, y que incentiven la localización de industria con una alta capacidad tractora para generar efecto arrastre sobre la industria auxiliar y el territorio, así como desarrollar el régimen jurídico de entidades de gestión y modernización. El paso dado por la Administración regional responde a la consulta que realizó y que "evidenció la necesidad de contar con una regulación específica que abordara de forma transversal las necesidades de estos espacios. Ante la obsolescencia y falta de instrumentos, de forma ordenada y sistemática el anteproyecto de ley se vincula a la puesta en marcha de medidas e instrumentos concretos que dan respuesta", explica en un comunicado.

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