El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha defendido la independencia del poder judicial así como un modelo "ágil, cercana y de calidad" que se conseguiría siguiendo su propuesta de futuro de alcanzar una estrategia nacional basada en la colaboración de todos los sectores.

Durante su intervención en un desayuno organizado por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, Catalá ha apostado por un "consenso nacional político, profesional y social " en el que basar una Justicia "independiente y bien dotada" para prestar así un servicio público de calidad, al tiempo que ha apuntado dos líneas de trabajo: el establecimiento de un nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial "blindado a las interferencias políticas" y la regulación de las puertas giratorias entre la Justicia y la política.

En este sentido, el ministro ha subrayado que "el magistrado que elija ejercer la representación política tiene que apartarse de la judicatura" para garantizar su total independencia.

También ha insistido en "la autonomía" que debe imperar en la labor que desempeña la Fiscalía al ejercer la acusación pública, haciendo especial hincapié en la importancia de "fortalecer" el papel "director" del Ministerio Público en la fase de instrucción de los distintos procesos judiciales.

"La Justicia no está politizada", ha concluido tajante Catalá. "Ningún ministro, ningún político descuelga el teléfono para decirle a un juez lo que tiene que hacer".

El ministro en funciones ha destacado la labor legislativa del Gobierno, que ha lanzado "el mayor paquete de reformas en materia de Justicia que se recuerda en las cuatro últimas décadas". No obstante, Catalá ha reconocido que el modelo jurídico actual "reclama otras respuestas para los nuevos desafíos", y en este punto ha vuelto a incidir en su apuesta por la gran estrategia nacional de Justicia, que va "más allá" de un pacto y comprende "un acuerdo que ofrezca soluciones estructurales".

Para el ministro, la Justicia "puede ser una palanca de crecimiento si ofrece garantías de estabilidad y seguridad, atrayendo de este modo la inversión y generando empleo".

Igualmente, Catalá ha animado a "seguir luchando por conseguir estabilidad", para lo que ve necesaria una Justicia "que garantice la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles en derechos y obligaciones y que estabilice un sistema en el que no haya espacios de impunidad para los corruptos".

Tras recalcar que "nunca se había hecho tanto en España para combatir la corrupción", el ministro en funciones ha señalado "otra serie de medidas que podrían reforzar esa lucha, como prohibir el indulto a condenados por corrupción, reducir los aforamientos, regular los lobbies y especializar juzgados en delitos económicos ".

Asimismo, ha expresado su preocupación por el "déficit histórico de recursos" que arrastra la Administración de Justicia y que estima necesario corregir, aunque defiende que ya se han dado "importantes" pasos en esa dirección al incrementar los presupuestos o transformar tecnológicamente el sistema jurídico.

Rafael Catalá ha dicho que "es preciso dotar a la Justicia de más medios, nuevos recursos y más tecnología", y sostiene que la estrategia nacional que propone "puede ser un buen marco para reformular un nuevo modelo de planta judicial que optimice el trabajo; reforzar la apuesta por el arbitraje y la mediación; y realizar una revisión profunda, completa e integral de todo el sistema procesal". Además, ve imprescindible "continuar este camino desde la garantía de una Justicia gratuita y de calidad, que combata sin cuartel la violencia de género, amplíe la protección a los menores y convierta a España en referente mundial en la protección de los derechos ciudadanos".