El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Rota ha dictado un reciente auto por el que acuerda el ingreso en prisión provisional de los cinco implicados en un alijo de más de una tonelada de hachís perpetrado el pasado 8 de mayo en aguas de la Bahía de Cádiz y frustrado por una patrulla de Vigilancia Aduanera. El juez ha decretado la entrada en prisión preventiva y sin fianza para tres de los detenidos mientras que a los otros dos les ha impuesto prisión eludible bajo fianza de 10.000 y 15.000 euros, respectivamente. 

Para el magistrado, existen serios y suficientes indicios que apuntan hacia la comisión de un delito contra la salud pública, según se desprende del atestado policial, donde se pone en conocimiento que la noche del pasado 8 de mayo de 2021 se dispuso un dispositivo conjunto para la interceptación de varias embarcaciones que podrían estar transportando sustancias estupefacientes.

En torno a las 1:24 horas, la patrullera Limbo IV de Vigilancia Aduanera interceptó a una primera embarcación frente al puerto deportivo de Puerto América y se incautó de 34 fardos de hachís que arrojaron un peso aproximado de 30 kilos cada uno (1.020 kilos en total), dos teléfonos móviles y un GPS. Sus tres tripulantes quedaron detenidos, los mismos para los que el juez ha decretado prisión sin fianza.

Acto seguido, sobre las 1:45 horas, la patrullera salió en búsqueda de otra embarcación que había sido vista en el lugar de los hechos transbordando bultos. En esta ocasión, los agentes no hallaron sustancias estupefacientes, si bien detuvieron a sus dos tripulantes, ahora en prisión bajo fianza. 

"Ninguna credibilidad" otorga el juez a la explicación ofrecida por estos dos últimos implicados, los cuales manifestaron que habían venido a Cádiz, aun siendo de La Línea, a pescar. 

El juez instructor estima "objetivamente necesario" el ingreso en prisión de los cinco arrestados, dado que existe tanto "riesgo de fuga" como de "reiteración delictiva". "Es cierto que los detenidos carecen de antecedentes penales y que se les ha desabastecido con la operación llevada a cabo, aunque también lo es que no tienen un modo de vida conocido, sin que hasta el momento se haya acreditado documentalmente que alguno de ellos trabaje", concluye el auto judicial.

Por último, el magistrado apunta que la sustancia intervenida podría haber alcanzado en el mercado ilícito un valor de más de un millón de euros.