El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz está solicitando nuevas pruebas e informes antes de abrir las diligencias del llamado caso Matadero. De este modo, a través de la Policía Judicial, se está procediendo a la solicitud de todo tipo de documentos para que sean remitidos posteriormente al Juzgado para ver si se ha podido incurrir en algún tipo de irregularidad en la concesión de los pisos de Matadero.

Este trámite se produce después de que el juez de Instrucción del número 2, Miguel Ángel López Marchena, dejara el caso ante la acumulación de trabajo que tenía. Poco tiempo antes la Fiscalía había elevado un informe a este juez en el que decía que había "indicios muy claro de prevaricación" en la adjudicación de las 102 viviendas sociales de Matadero. El Ministerio Público cree que se había podido producir arbitrariedad en el proceso de selección de los demandantes por lo que decidió que se abriera una investigación penal para esclarecer si estas adjudicaciones se hicieron conforme a la legalidad vigente o, por el contrario, hubo injerencias de algunos cargos políticos a la hora de elegir a las personas que obtuvieron esos pisos.

Este caso nace a raíz de la denuncia que efectuó el sindicato Autonomía Obrera cuando hizo público que la coordinadora de programas de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, Pilar Tubío, había renunciado a su puesto por supuestas presiones políticas para que valorase "a un grupo reducido de solicitantes" de viviendas sociales. La dimisión de esta vino acompañado también de un escrito de un buen número de trabajadoras sociales en la que se defendió la labor de Tubío y del resto de empleados a la hora de realizar su trabajo. A la denuncia de Autonomía Obrera se sumaron luego las de la Junta de Personal del Ayuntamiento.