Juan Carlos Ruiz Boix preside el Consorcio de Gestión de Residuos desde el pasado mes de octubre y lamenta que “ahora que se están empezando a hacer cosas en el Consorcio esté surgiendo todo esto que viene de tiempo atrás”. Alcalde de San Roque, que no está en el Consorcio, representa a Diputación en este ente, que, a su vez, representa sólo a los municipios de menos de 5.000 habitantes, casi todos de la Sierra y los que menos deuda generan. Porque, para Ruiz Boix, el problema no es otro que ése: la deuda: “Si no pagas, no puedes exigir y los ayuntamientos no están pagando y están exigiendo. La empresa Bioreciclaje no está cumpliendo el pliego porque no tiene tesorería para hacerlo. Si se pagara, seguramente cumpliría el pliego o, por lo menos, se le podría exigir que lo cumpliera”.

La deuda, que no es pequeña y ya asciende a 35 millones de euros, con algunos ayuntamientos que no pagan desde junio del año 2013, cuando se liberaron de la norma del pago a proveedores de 2012, se está tratando de negociar. Sólo los vecinos de San Fernando -no el Ayuntamiento- deben casi dos millones a Bioreciclaje por la tasa consorcial, una tasa que sólo aceptaron en su día La Isla, Chiclana y Puerto Real y que , a partir de ahora, sólo seguirá vigente en Puerto Real. Hay otros municipios, como Cádiz, que no deben nada y otros que han denunciado la situación, como Trebujena, que debe 700.000 euros. Y siguen llegando las facturas y la deuda creciendo. “Lo que estamos haciendo es negociar con la empresa a través del Consorcio y lo que se dice es muy sencillo: ustedes cumplen un 70% de los servicios que tendrían que cumplir, de modo que yo le acepto la factura de un 70% de lo que usted me quiere cobrar. ¿Qué sucedía antes? Había municipios que unilateralmente trataban con la empresa sin pasar por el Consorcio. La empresa emitía sus facturas al cien por cien y ellos, unas veces pagando y otras veces aceptando la factura, asumían esas cantidades aunque no se dieran todos los servicios”.

El montante de lo que mueve Bioreciclaje es importante. Cada año llegan a la planta de Miramundo 300.000 toneladas. El precio por tonelada es de 52 euros, lo que supone una factura global de 15.600.000 euros al año, por lo que ahora mismo los ayuntamientos deben dos años completos de tratamiento de residuos. “Hay ayuntamientos que pueden pensar que esto es mucho, pero también hay que recordarles que nadie está obligado a estar en el Consorcio. La empresa presta un servicio y si ellos consideran que no es el adecuado pueden buscar otra fórmula de tratar sus basuras. Jerez no está en el Consorcio, ni El Puerto tampoco”.

Pero también pide tiempo. “En cuatro meses he convocado dos juntas y la próxima semana convocaremos otra, todas abiertas a preguntas y respuestas, con total transparencia, como demuestra que Trebujena, que pidió la documentación, la tenga. El informe está a disposición de quien quiera tenerlo, pero insisto en que habla de una situación antigua. La situación con la que me encontré en octubre era muy compleja y hay que recomponerla. Yo espero que los socios me ayuden y la única forma de hacerlo es que los socios se pronuncien y negocien a través del Consorcio, un único interlocutor. Así estamos consiguiendo minorar las facturas por los servicios que no se han prestado. Ahora se está haciendo mucha gestión y de lo que se trata es que consigamos que este servicio básico se cumpla con la mayor eficacia posible”.