Desde finales de 2004, cuando se produjo la disolución de la antigua Izar y la última gran reconversión, no se veían a trabajadores del astillero de Puerto Real caminando por el puente Carranza. Claro que entonces tenían a la Policía enfrente y ayer, de momento, sólo estaban realizando un gesto de atención de cara a la opinión pública.

Esa llamada de atención, una más dentro del calendario de movilizaciones que iniciaron los trabajadores hace unos meses, comenzó a las once y media de la mañana, tras celebrar una asamblea en el astillero. No fue un corte de carretera como tal. Los operarios tomaron el arcén para, poco a poco, ir ganando terreno a la carretera sin llegar a detener el tráfico, sólo ralentizándolo durante una media hora. Pero la Guardia Civil de Tráfico, que ya vigilaba la zona, se apresuró a desviar la circulación en sentido Cádiz y Puerto Real. A la entrada del puente, el cartel luminoso lucía un contundente Entrada prohibida.

A mitad de puente, el presidente del comité, Ramón Linares (CCOO), junto al representante de UGT, Juan José Peralta, ofrecían las razones de haber dado un paso más en sus protestas: en 15 días, los 600 operarios de plantilla de Navantia Puerto Real estarán "mano sobre mano". Ya no habrá barcos que construir y se verán abocados a no tener nada que hacer. Por eso ayer, Linares, en nombre de la plantilla, volvió a reiterar la necesidad de conseguir más carga de trabajo, enfocada al sector de construcción civil.

Aseguró que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy "no se puede esconder", porque "antes de tomar posesión el PP sabía perfectamente de la situación de los astilleros de la Bahía de Cádiz, y entendemos que hay que acelerar todo lo posible para conseguir carga de trabajo".

La firma definitiva de la orden de ejecución de la segunda fase de los Buques de Acción Marítima (BAM) es el principio de estas reivindicaciones de carga de trabajo que urgen al nuevo Ejecutivo, pero los trabajadores defienden también que además hay otros mercados donde buscar. "Hay que hacer un esfuerzo si queremos entrar en el mercado civil. Y entendemos que es necesario que el Gobierno de la nación tome cartas en el asunto y que, cuando se nombre al presidente de la SEPI y a los nuevos responsables de Navantia, deben darse patadas para poder entrar en aquellos segmentos del mercado civil como son los gaseros o los ferris, donde sí hay mercado y podemos competir", dijo Linares.

Finalmente, el presidente del comité también insistió en el mensaje que la plantilla pretende trasladar a la ciudadanía, y es que "en estos momentos el problema no es de los 600 trabajadores de Navantia Puerto Real, de los 1.000 de San Fernando, ni de los 150 de Cádiz; si no que en los últimos años de los astilleros de la Bahía han vivido y han trabajado más de 12.500 gaditanos entre empleo directo, indirecto e inducido, y si ahora no se apuesta por la industria pública, por la industria naval de la Bahía de Cádiz, el drama que sufre la zona y la provincia puede ser todavía mayor". De momento, el próximo martes, habrá nueva jornada de protesta en Puerto Real.