Los efectos de la "nefasta" reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, que justo ayer cumplía con su primer trámite en el Congreso, se convirtieron en el foco del rechazo, la denuncia y la llamada a la movilización, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Más de mil personas asistieron en Cádiz al VII Encuentro andaluz de mujeres sindicalistas organizado por la UGT, en el que participó su secretario general, Cándido Méndez, y en el que intervino la consejera de Salud, María Jesús Montero, entre otras ponentes.

"La reforma -dijo Méndez- supondrá "un agravamiento de las discriminaciones y las desigualdades entre hombres y mujeres". Aseguró que supone "una vuelta atrás en los avances conseguidos durante décadas", en especial para ellas, que parten de una "peor situación". Y advirtió de que abrirá aún más la brecha salarial entre géneros e incrementará la precariedad laboral. También recordó que "España ostenta el récord del paro femenino en Europa", que el salario de las mujeres es un 22% menor que el de los hombres y que el colectivo acapara cuatro de cada cinco empleos a tiempo parcial. Que solo el 40% de las desempleadas tiene derecho a la máxima prestación contributiva. Y que son mujeres el 70% de quienes cobran la mínima renta de inserción.

El líder sindical aseguró que las medidas alternativas que planteará el Gobierno del PP "no serán ni siquiera paliativos" de esas desigualdades, porque propondrán "algunas que ya están en marcha", como la creación de guarderías o la labor de la inspección de trabajo, y otras "que no funcionarán", como encomendar a "una negociación colectiva en manos del empresario" la contratación de mujeres o la equiparación de salarios.

En su intervención, la consejera de Salud destacó que más de la mitad de los investigadores registrados en proyectos del sistema sanitario público andaluz son mujeres y cifró en un 11% la brecha salarial en Andalucía, "cinco puntos menor que la española". La consejera abogó por proteger de manera especial, "porque están en riesgo", conquistas como el derecho al trabajo y a la conciliación de la vida laboral y familiar; el derecho a una vida sexual sana, segura y satisfactoria; y la lucha a favor de la igualdad y contra la violencia machista.

Por último, en relación a las última declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sobre el aborto, calificó de "especialmente ofensivo" vincular ese derecho a la violencia de género. "Esa visión -dijo- esconde una profunda creencia de la derecha española del papel de madre que debe desempeñar la mujer, en contraposición del de mujer trabajadora e independiente".