Decenas de vecinos de La Algaida se han concentrado en la Plaza del Cabildo, junto a la Biblioteca Municipal de Sanlúcar, para pedir al alcalde, Víctor Mora (PSOE), que atienda a la familia de la vivienda irregular de la zona del Pozo de la Viuda sobre la que pesa una orden judicial de derribo.

Las protestas se iniciaron a mediados de noviembre, cuando la demolición tenía fecha fijada. Operarios y maquinaria de una empresa de derribos se desplazaron entonces hasta el lugar para ejecutar los trabajos necesarios, pero finalmente desistieron al toparse con la protesta vecinal en la zona entre numerosos agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.

La familia afectada, una pareja de pensionistas con hijos y nietos, insiste en solicitar al alcalde una vivienda social o alternativa similar, así como la exención de la sanción urbanística municipal, que afecta a uno de sus hijos y que, según asegura, asciende a 200.000 euros.

En cuanto a la orden de derribo, está motivada por la sentencia firme en la que ha desembocado un procedimiento abierto por Costas argumentando que la vivienda se encuentra en una zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre, consideración que rechaza la familia.

IU ha reiterado su apoyo a la familia exigiendo al alcalde que “no se esconda, muestre un poco de humanidad y empatía, y ofrezca a la familia una solución habitacional”.

Su portavoz, Carmen Álvarez, dice haber podido comprobar “la situación tan complicada que está atravesando desde el punto de vista social, económico y psicológico”. “La reclamación que viene haciendo en todo momento es la de que el alcalde la atienda”, ha asegurado recordando que en noviembre la coalición izquierdista llevó este problema al Pleno municipal.

IU afirma haber comunicado a la familia que “hay que cumplir la legalidad vigente”, porque “es una edificación ilegal y tiene una orden de demolición”, pero sostiene que “ante este drama, el Ayuntamiento debe prestar más y mejor apoyo a la familia”.

El Gobierno local PSOE-Ciudadanos ha replicado a IU exigiendo a Álvarez que “deje de engañar y de realizar falsas promesas a las personas afectadas por el derribo”. "El problema de las construcciones ilegales o de las ocupaciones de viviendas no se arregla con empatía ni con engaños, sino informando y asesorando de las gestiones que puede realizar el municipio en esta materia", ha aseverado.

“Desde que en agosto del año pasado se recibió el requerimiento judicial en la Gerencia Municipal de Urbanismo, se han mantenido tres reuniones con el abogado de la familia afectada, colaborando en todo momento con ellos y haciéndoles entrega de los informes tanto de Servicios Sociales como de Urbanismo que requirió el letrado”, ha explicado el Gobierno municipal indicando, además, que “se le informó que para acceder a una vivienda municipal debían estar inscritos como demandantes en el registro de demandantes de vivienda del Ayuntamiento”.