La sentencia del TSJA publicada ayer por este periódico, y que deja sin efecto la declaración del interés autonómico del proyecto Aletas (y por tanto las expropiaciones a sus propietarios) no dejó ayer indiferente a nadie.

Una de las reacciones más duras vino desde la Confederación de Empresarios de Cádiz. Su nuevo presidente, Javier Sánchez Rojas, tuvo que enfrentarse ayer a su primer gran problema. Aseguró, sin tapujos, que "esto es algo cercano a la chapuza". Visiblemente contrariado, el responsable de los empresarios gaditanos explicó que "aquí hay dos tipos de responsabilidades: una, técnica y administrativa; y, segunda, una clarísima responsabilidad política. Con el problema que tiene esta provincia en el empleo, ya vamos 10 años y 106 millones de euros tarde". Anunció que pedirán a la presidenta del Consorcio Aletas, Pilar Platero, una reunión urgente para definir "hacia dónde vamos" y finalizó afirmando que "llevamos 10 años jugando al juego de la oca, una casilla hacia adelante y diez hacia atrás; la Bahía no se merece esta situación y lamento mucho poner el acento al respecto en la Junta".

Igualmente crítica se mostró la alcaldesa de Cádiz y diputada nacional del PP, Teófila Martínez, que manifestó ayer su "pesar" porque el TSJA haya emitido una sentencia que deja "sin soportes" el proyecto de Las Aletas. Y es que, en su opinión, el proyecto está "lleno de ilegalidades, a sabiendas, porque no había intención de que prosperase" por parte del PSOE. Enfatizó que "han sido las administraciones socialistas desde 2004 las que han dado el golpe mortal al proyecto". Martínez también se mostró convencida de que los técnicos de la Junta de Andalucía, "muy bien formados", han sido "obligados a realizar esos expedientes por los políticos de turno, aún a sabiendas que no iban a prosperar".

Desde el Ayuntamiento de Puerto Real, el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Juan Carlos Martínez, aseguró ayer que "esto afianza nuestra propuesta que ya entregamos personalmente a Pilar Platero en diciembre, y no es más que desarrollar las 120 hectáreas de terreno en las que se puede actuar dentro de nuestro Plan General". Martínez añadió que "el proyecto queda ahora en un limbo jurídico y hoy ya no se puede hablar de un gran proyecto para 527 hectáreas; nos tenemos que sentar todos y definir muy bien cuáles son las necesidades reales".

Desde CCOO, su secretaria general en Cádiz, Lola Rodríguez, explicó que "seguimos apostando por este proyecto, pero el Consorcio tiene que buscar el marco jurídico adecuado que lo permita y para eso es necesario el consenso de todos". Una visión parecida ofreció su homólogo en UGT, Salvador Mera, quien afirmó que "Las Aletas no tiene otro futuro que no sea el industrial y seguiremos apostando por él. Todas las partes tenemos que sentarnos y valorar la sentencia para arreglar lo que pone en entredicho. El problema es que Cádiz ya no tiene tiempo".

Por parte de la Junta, el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, restó importancia a la sentencia del TSJA y aseguró que no supondrá el fin de este proyecto, sino que obliga a cambiar de estrategia, "dividiendo el plan para que se pueda empezar ya a trabajar sobre la parte de suelo que no tiene peros legales mientras finaliza el galimatías judicial por la parte que sí los tiene".

Según López Gil, la consejera de Presidencia y vicepresidenta del Consorcio, Susana Díaz, ya apuntó "hacia ese camino", y hacia la necesidad de "dar un giro a la estrategia", lo que implica hacer que un nuevo proyecto que en lugar de presentar todos los terrenos como "un conjunto completo" se plantee en al menos dos partes. Añadió que los técnicos están estudiando cómo seguir con el proceso y, según avanza el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, "posiblemente haya que hacer una nueva declaración de interés público".

También opinaron al respecto los responsables políticos en la provincia de IU y PA, Manuel Cárdenas y Héctor Lagier, respectivamente. Cárdenas aseguró que la sentencia es "un jarro de agua fría" y abogó por "reconvertir el Consorcio de Las Aletas en un consorcio para la reactivación económica de la Bahía de Cádiz". Argumentó que Las Aletas "no es un fin en sí mismo", sino que se proyectó con la finalidad de generar empleo y riqueza. Sin embargo, la realidad es que "sólo aparece en los periódicos por cuestiones judiciales y sentencias, las peleas entre las administraciones y no por la inversión y las empresas que van a venir". En consecuencia, opinó que "deja de tener la virtualidad para la que se creó".

Por último, Lagier afirmó que "el desarrollo de Las Aletas como espacio para la generación de actividad económica y empleo puede tener salida si todas las partes implicadas son capaces de trabajar realmente por la viabilidad del proyecto".