desigualdad y exclusión social

Sin defensas frente a una crisis

  • Desde Cáritas y sindicatos advierten de que la precarización se está haciendo "estructural" en la provincia, y de la "fragilidad" del tejido social ante una posible recesión

La exclusión severa afecta, señala el último informe Foessa, a más personas que antes de la crisis.

La exclusión severa afecta, señala el último informe Foessa, a más personas que antes de la crisis. / Juan Carlos Muñoz

Un sistema inmunológico comprometido. Esa sería la conclusión, si fuera un análisis médico, del último informe Foessa a nivel andaluz: el estudio sobre pobreza y exclusión social que Cáritas elabora anualmente a nivel nacional y territorial. Desde 2013, ha disminuido en la comunidad autónoma el porcentaje de población afectada por carencias económicas (del 47, 8% al 32,7%). No se van, sin embargo, las bestias negras: ocupamos pertinazmente el primer lugar del índice Gini de desigualdad a nivel nacional; y el 32,8% de la población vive situaciones problemáticas de exclusión de consumo.

Digamos que hay una cierta estabilización tras los peores tiempos de la crisis, pero la condición es raquítica: hemos salido muy afectados. La exclusión severa afecta a más población que antes de la crisis (760.000 personas) mientras que casi un millón de andaluces se encuentran “al filo de la navaja”. Un 20% de andaluces, en definitiva, conteniendo la respiración. A este raquitismo contribuye una realidad palpable: que la calidad del empleo se ha jibarizado. Ya ni siquiera un trabajo te salva de la exclusión: “La precarización del empleo –indica el informe– se ha agravado en nuestro modelo de salida de la crisis, profundizando en su carácter estructural”. La tasa de personas trabajadoras bajo el umbral de la pobreza en Andalucía es del 12,2%, y el 15% de los trabajadores se encuentran en exclusión social ( 13,5% en España).

Además, los hogares sustentados por personas que trabajan son mayoría tanto cuando hablamos de integración plena como –atención– en el espacio de la integración precaria e, incluso, de la exclusión moderada: 65,1%, 47,8% y 38,6%, respectivamente.

“El mileurismo, que antes definía una situación indeseable, ahora es un nivel soñado por muchos, e inaccesible”, indica María del Mar Manuz Leal, directora diocesana de Cáritas en Cádiz, que añade que los equipos provinciales están ayudando a muchas familias “que no pueden atender sus necesidad básicasaunque cuenten con un miembro empleado: “Entran en el mercado laboral y salen, o ni siquiera llegan a entrar regularmente. La precariedad del mercado laboral no ayuda a que el empleo sea un factor de integración plena. Además, al no existir una estrategia educativa adecuada, las posibilidades reales de formación ocupacional para estas personas son pocas. Con esta inseguridad, es muy difícil desarrollar un proyecto de vida personal, y mucho menos familiar; la confianza en el futuro se hace cuesta arriba”.

“Las relaciones laborales se están precarizando a través de la mercantilización o de los falsos autónomos –comenta al respecto, Lola Rodríguez, secretaria general de CC.OO a nivel provincial–. Muchas veces, en los empleos relacionados con la dependencia y la ayuda a domicilio, encontramos contratos a tiempos parcial que no llegan a las 25 horas mes con lo que, a mitad de mes, te están haciendo cola en los comedores de Cáritas”.

Este es un dato importante: el nivel de exclusión en hogares con intensidad laboral media o baja, tan frecuente en cuidados, dependencia y hostelería, es más elevado: el 37,6% de las familias en riesgo de exclusión tienen una jornada laboral media (20-80% de la jornada laboral disponible).

“Todo el sector de la dependencia y ayuda es un campo muy precarizado, que necesitaría de una partida presupuestaria especial –apunta Lola Rodríguez–. Pero hay que eliminar las bases que permiten ese camino hacia una desigualdad cada vez más acusada, porque el peligro es que la precarización se está haciendo, en efecto, estructural: hay una devaluación general del trabajo, y eso no puede normalizarse. Necesitamos desmontar la precariedad en los colectivos ahora afectados para que, entre otras cosa, no se vaya extendiendo a otros”.

Porque lo precario, las leyes y las trampas –a través de los caballos de Troya que ha traído la última reforma laboral, apuntan los sindicatos–, han hincado primero el diente en el entramado más frágil: aquellos empleos que ya sufrían abusos casi por defecto; pero ya están llegando, por ejemplo, a abogados y médicos: “Sectores en los que nunca pensamos que se pudiera hablar de precarización –continúa Rodríguez–. No se pueden poner los beneficios empresariales por encima de las necesidades básicas”.

"Si llegara una recesión -apuntan desde Cáritas- nos encontraría muy desprotegidos"

Mañana lunes, precisamente, se celebra el Día Mundial por el Trabajo de Decente, que CC.OO dedica a denunciar la precariedad en algunos sectores. Este año, se centran en Burger King: “Con contratos precarios que asumen una disponibilidad al 100%, teniendo que recuperar el tiempo ‘perdido’ en bajas médicas, o afrontando despidos por esta causa...”

“Se está produciendo una ‘naturalización’ ante la exclusión social –coincide María del Mar Manuz Leal–, asumiéndose que ‘se puede hacer poco para cambiarla’ y que no debemos caer en la tentación de atrincherarnos en el ‘sálvese quien pueda’, o en la ley del más fuerte”.

El entramado tras la crisis es, pues, bastante delicado. Una situación que hace que los “vientos de invierno” –la recesión que muchos dan por segura dentro de uno o dos años– nos encuentre en un estado liminar de defensas: “Vivimos una ralentización de la economía –comentan desde CC.OO.–. En principio, ya se está dejando notar en países que dependen enormemente de las exportaciones, como Alemania”.

“Ocurre que no se puede hablar de calidad de empleo sin una subida de salarios –continúa Lola Rodríguez–. La economía del país ha remontando, se han estabilizado las empresas, pero los salarios, no. Es algo que no vamos a dejar de plantear, el aumento salarial acordado en el IV Acuerdo de Negociación Colectiva. Porque, de momento, hay margen”.

El 15% de trabajadores en Andalucía se encuentra en riesgo de exclusión social

“Si llegara una recesión económica –advierten desde Cáritas–, nos encontraría muy desprotegidos, porque las familias vienen de aguantar la crisis económica anterior y además las estructuras sociales, laborales, de vivienda… están dañadas. Una nueva crisis nos afectaría más gravemente”.

“Para describir gráficamente la situación, la imagen sería la de una espiral descendente –explica María del Mar Manuz Leal– porque, aunque con mucho esfuerzo hayamos salido de la crisis, la presión soportada por las familias y la erosión ha sido muy alta: nos queda una sociedad más polarizada, con distancias grandes entre los extremos y, en medio, un porcentaje demasiado alto de población que ha perdido seguridad laboral, vivienda, ahorros, confianza…”

“Nos enfrentamos también –continúa la directora diocesana de Cáritas– a un contexto de incertidumbre importante en cuanto al marco europeo, en cuanto a consensos políticos, en cuanto a la incidencia de la robotización y de la inteligencia artificial en el mercado laboral, en cuanto a los movimientos migratorios, en cuanto al papel de la religión, en cuanto al cambio demográfico... En síntesis, nuestro momento histórico es clave y presenta profundas fracturas. Hay encrucijadas que deben resolverse con madurez, valor y generosidad para no perder todo lo logrado en los años anteriores de construcción de nuestro Estado social y democrático de derecho”.

Porque, si el panorama pinta crudo a nivel andaluz, son temibles los efectos que podría tener otra recesión en una provincia como la de Cádiz, que atesora una alta tasa de temporalidad y desempleo: el 72,5% de los hogares que dependen de una persona en búsqueda de trabajo están, ya, en situación de exclusión social moderada o severa.

Y los índices de desigualdad, rampantes en Andalucía, campan aún más a sus anchas en la provincia:“Por eso, desde CC.OO., queremos que se lleve a cabo un plan integral frente a la desigualdad –comenta Lola Rodríguez–, ya que la ley tiene que desarrollar mecanismos de inversión en esta provincia para compensar desigualdades permanentes e históricas”.

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