El presidente provincial del Partido Popular (PP), Antonio Sanz, desveló ayer que el tercer plan de pago a proveedores que el Gobierno central prevé tener ultimado antes de que acabe este año primará a los ayuntamientos, priorizando el pago de las deudas que las comunidades autónomas mantienen no sólo con los municipios, sino también con las diputaciones, las mancomunidades y las Entidades Locales Autónomas (ELAs).

Según Sanz, ese plan de proveedores permitirá a los ayuntamientos cobrar las deudas que mantienen con ellos sus respectivas comunidades autónomas, pondrá a cero este contador de impagos y, lo que es más llamativo, fijará la obligatoriedad de las autonomías de pagar las nuevas deudas contraídas en el plazo máximo de 30 días. Superado ese tiempo, sería el Estado quien abonaría esa deuda pero reteniéndole luego ese dinero a la comunidad autónoma en cuestión.

El máximo responsable del PP en la provincia destacó que esta medida será "importantísima" para el mantenimiento del empleo y supondría igualmente "un ejemplo más de que estamos ante el Gobierno central más municipalista de la historia".

Este anuncio lo realizó Sanz en el transcurso de una rueda de prensa en la que arremetió contra la campaña "repugnante" que el PSOE ha puesto en marcha en la provincia gaditana contra el proyecto de reforma de la Administración Local que está terminando de tramitar el Gobierno central.

El dirigente popular incidió en las "mentiras" que a su juicio viene propagando el PSOE entre los trabajadores de las áreas de servicios sociales que desarrollan su labor en las localidades más pequeñas de la provincia, precisando al respecto que "es rotundamente falso que la nueva Ley vaya a acabar con los pueblos, con sus competencias, con los servicios sociales que en ellos se desarrollan y con esos empleos".

"Reto a los socialistas a que me digan un solo artículo de la futura Ley de la Administración en el que se diga algo de lo que ellos denuncian", subrayó quien es parlamentario andaluz, senador y, también, miembro del equipo redactor de la futura normativa.

Afirmó Antonio Sanz también que esa futura Ley "parte del principio de una competencia, una administración" y que lo que persigue es "prestar en los municipios unos servicios más ágiles y más eficaces". "No desaparecerá ni un ayuntamiento y no se recortará el número de concejales; lo que sí se limitará por primera vez serán los sueldos, los liberados y el personal de confianza en la administración local y a lo mejor es esto último lo que más le duele al PSOE", recalcó un Antonio Sanz que exigió a los socialistas la retirada de una campaña a la que durante su comparecencia de ayer dedicó calificativos como "demagógica", "falsa", "irresponsable", "indigna", "repugnante" o, incluso, "mezquina". "Los socialistas no sólo están metiendo miedo a los trabajadores de los servicios sociales diciéndoles que van a ser despedidos, lo cual es una falacia, sino que, incluso, están ya recogiendo firmas para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley que no conocen porque ni siquiera se ha presentado aún", añadió el máximo responsable del PP en la provincia gaditana.

Al hilo de esta cuestión, el presidente provincial del PP negó con rotundidad que esta reforma de la Administración Local que está ultimando el Gobierno central ponga en riesgo la continuidad de los ayuntamientos, algo que, indicó, sí hace la Junta de Andalucía, que a día de hoy, según las cifras que baraja el Partido Popular, adeuda a los ayuntamientos de la provincia y a la Diputación gaditana un acumulado de 62,5 millones de euros.

Afirmó Sanz que esta cuantía responde a la deuda de la Junta con las corporaciones locales principalmente en el pago de impuestos, políticas de empleo y políticas sociales. Por instituciones, destacó que la deuda de la Junta con el Ayuntamiento de Jerez es de 16 millones; con Algeciras, de 10 millones; con la Diputación, de ocho millones y con Cádiz, de 7,4 millones.

Además, el dirigente popular explicó que el Gobierno andaluz "ha recortado más de 140 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia en los últimos años" de los que, según desglosó, "52 millones corresponden al recorte en el Plan de Cooperación y 89 a la falta de ejecución presupuestaria". Y a ello sumó "los 60 millones que la Junta ha recortado de la Patrica en 2013, incumpliendo su propia Ley, y que suponen 8,5 millones que los ayuntamientos gaditanos dejan de percibir". "Por tanto, es la Junta de Andalucía la que pone en peligro la estabilidad y viabilidad económica de las corporaciones locales", sentenció el presidente provincial del PP.