"No nos vamos a quedar quietos. Esto no termina aquí". Éste es el mensaje que ha transmitido la presidenta del comité de Navantia Puerto Real, Marga Forné, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno a los más de 1.500 operarios de la empresa y de la industria auxiliar que han participado este miércoles en la manifestación que ha recorrido el centro de Cádiz en demanda de más carga de trabajo.

Los trabajadores han salido del astillero en autobús hacia Cádiz, ya que no recibieron permiso para cruzar el segundo puente a pie, tal y como pretendían inicialmente. La marcha ha partido en torno a las 10:30 horas de la rotonda de acceso del Puente de la Constitución de 1812, que ha estado cortado durante una hora. Ha sido la primera vez que esta infraestructura ha sido cortada con motivo de una manifestación de Navantia, la cual se ha desarrollado sin incidentes y cumpliendo las medidas de seguridad anti Covid-19.

Por su parte, la Guardia Civil y la Policía Local de Cádiz han establecido desvíos señalizados en ambos extremos del puente y se ha derivado el tráfico a través del Puente Carranza, donde se ha abierto el carril reversible de entrada a Cádiz.

A la convocatoria del astillero de Puerto Real se han unido centenares de trabajadores de las contratas de Navantia, que esta mañana han celebrado una asamblea en los tornos de la factoría de San Fernando convocada por la Coordinadora de Trabajadores del Metal de la Bahía de Cádiz. También han acudido representantes de los comités de empresa de las factorías de Airbus en la provincia, que portaban una pancarta propia cerrando la manifestación.

La marcha ha transcurrido por la avenida de Astilleros, donde se han incorporado operarios de la factoría de Cádiz, y ha finalizado en torno a las 11:30 en la Subdelegación del Gobierno, donde Forné ha entregado un escrito al subdelegado, José Pacheco, con sus reivindicaciones. A continuación, la marcha se ha disuelto y la mayoría de los participantes se han dirigido al astillero de Cádiz, donde les esperaban los autobuses que les llevarían de vuelta a la factoría de Puerto Real.

La plantilla está dispuesta a mantener sus movilizaciones a pesar del anuncio de que el Ministerio de Hacienda había autorizado la inversión en el nuevo BAM-IS, que el Plan Estratégico de Navantia asigna a Puerto Real. "No es la primera vez que sale la noticia de que nos adjudican el BAM. Estamos esperando a que llegue la chapa, que haya un Consejo de Ministros que lo ratifique y que se reciba la orden de ejecución", ha indicado Forné, que ha insistido en exigir "el resto de compromisos del Plan Estratégico para Puerto Real en toda su extensión".

La presidenta del comité alude así a  los ferris para el Ejército de Tierra TLET (buque de Transporte Logístico Ecológico y Trivalente) para transporte de personal y material, que aportarían otro millar de puestos de trabajo y que no tienen fecha de ejecución.

El subdelegado del Gobierno ha salido a la calle para recibir el escrito de manos de los representantes del comité de empresa. "Mi obligación es atender a cualquier manifestación que se haga por la vía pacífica", ha señalado Pacheco, que ha insistido en la importancia del anuncio del BAM-IS, que muestra a su juicio que "el Gobierno de España se ha tomado en serio a las reivindicaciones de la Bahía de Cádiz".

El presupuesto del BAM-IS asciende a 200 millones de euros, de los que 167 corresponden a los trabajos de Navantia, y el resto a la compra de equipos de exploración submarina y revisiones, según recoge el plan estratégico. Para la Bahía de Cádiz supone una carga de trabajo de 1,3 millones de horas durante tres años y medio, principalmente en Puerto Real, aunque también participará Navantia Sistemas, en San Fernando.

En este periodo se generarían 1.115 empleos anuales, entre directos, indirectos e inducidos. De ellos, casi 160 serían empleados directos de Navantia, otros 290 de la industria auxiliar y 665 puestos de trabajo generados por suministradores, según los datos facilitados por el Ejecutivo. 

El futuro BAM-IS deberá dar servicio a la nueva familia de submarinos S-80, que Navantia fabrica en el astillero de Cartagena y cuyo desarrollo acumula un notable retraso. Sustituirá al Neptuno, un barco construido en 1975 y que se encuentra al final de su vida útil, en la función de operar como buque de salvamento y apoyo en las operaciones de rescate de submarinos.

La Armada anunció en noviembre de 2017 que necesitaba un barco de estas características ante la evidente obsolescencia del Neptuno. A diferencia de ocasiones anteriores, la marina española avanzó que el proceso se encontraba en “fase de diseño y de elección del astillero”. La noticia causó entonces sorpresa en Navantia, que ya había presentado una oferta por el BAM-IS, debido a que hasta ese momento, todos los encargos de la marina española habían llegado hasta la empresa pública de construcción naval a través de la pertinente consignación en los Presupuestos Generales del Estado.

El nuevo procedimiento de adjudicación causó polémica. Tanto sindicatos como la Junta de Andalucía, en manos entonces del PSOE, criticaron la decisión del Ministerio de Defensa, dirigido en ese momento por María Dolores de Cospedal. Pocos meses después, la Armada matizaba que “la opción preferida es la construcción en Navantia, con quien tenemos experiencia, compartimos instalaciones y tiene un proyecto que cumple los requisitos demandados”. Con el cambio de gobierno y la llegada de Margarita Robles al Ministerio, el proyecto ha seguido adelante.