Sevilla sirvió ayer de escenario para un encuentro entre representantes de la empresa Pascual y de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, del que apenas nada trascendió de manera oficial.

De forma casi simultánea, mientras representantes de Pascual defendían sus posturas en lacapital andaluza, en Cádiz, más de 400 empleados de los cuatro centros sanitarios que el empresario gaditano posee en la provincia daban también la cara por su futuro y por su empresa. A mediodía rodearon el edificio de la Delegación de la Consejería de Salud para exigir a la Administración autonómica una salida al conflicto laboral abierto desde el pasado 31 de enero.

Desde ese día, la plantilla comparte con la empresa la idea de que consideran que se interrumpió la relación contractual con la Junta y que, desde entonces, no hay concierto.

Fuentes muy cercanas a la empresa quisieron aclarar que los usuarios, ni los privados ni los derivados desde la sanidad pública, están padeciendo ningún tipo de anormalidad en la prestación del servicio. Tanto es así que los quirófanos, por ejemplo de San Rafael, siguen operando a enfermos de la pública a pesar de que existe incertidumbre sobre si algún día recibirán la cuantía correspondiente por todas estas operaciones desde ese 31 de enero, fecha en la que dieron por finalizado el concierto con el SAS.

Pero la Junta no opina lo mismo, sino que sigue manteniendo que el concierto se prorrogó automáticamente por dos meses, mientras se aclaraba el futuro de la relación entre la Junta y Pascual. A este respecto, fuentes de la empresa indican que esa prórroga es unilateral, a la vez que "ilegal", por lo que no tiene validez alguna.

Esta idea la sustentan en el hecho de que el concierto firmado en diciembre de 2011, con validez hasta el 31 de enero de 2014, hablaba de dos posibilidades de prórroga: una pactada, por no más de cuatro años, o una "de oficio" (si no hubiera acuerdo) por un plazo fijo de un año. De ahí que no encuentren amparo legal para una prórroga unilateral por dos meses como la que anuncian los representantes de la Junta.

Y no sólo eso, las mismas fuentes consultadas se muestran muy afectadas por el hecho de que la Junta "venda por ahí que no aceptamos una rebaja de un 2,3%". Comentan que "que nadie dude que si fuera un 2,3% estaría más que firmado un acuerdo".

En cuanto a la movilización de los empleados, tras cercar el edificio de la Delegación de Salud de Cádiz, entregaron un escrito a la delegada, Miriam Alconchel, a la que le indican que "por si ella no lo sabe", la Junta pide una reducción de un 17,5%. A esta cantidad, volviendo a las fuentes cercanas a Pascual, habría que sumar los 14 ó 15 puntos porcentuales que ya sacrificaron en la firma de conciertos anteriores. "La representación laboral le dijimos a Pascual que no aceptase", según la nota entregada a Alconchel.

La Junta de Andalucía, por su parte, informó ayer que en las últimas horas "se ha presentado una propuesta de convenio a los integrantes de la empresa Pascual, que se han comprometido a valorar y analizar". De esta manera, la Consejería dice mantener un "diálogo abierto y permanente con los responsables de Pascual".