María José Valencia lo tiene meridianamente claro: su destitución como delegada municipal de Vivienda es un paso más de "un proceso mezquino" que a su juicio lleva tiempo aplicando contra ella la alcaldesa de Sanlúcar "en venganza por no haberla respaldado como secretaria general de mi partido ejerciendo mi libertad de acción como militante del PSOE".

En declaraciones a este periódico, la que fuera diputada provincial encargada del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) en el último mandato de Francisco González Cabaña como presidente de la Diputación, quiso ayer dejar claro que a día de hoy no está imputada por ningún juez. Así dijo que el pasado miércoles declaró "voluntariamente" en sede policial para aclarar el papel que jugaba este organismo provincial en el proceso de concesión de las ayudas del plan Bahía Competitiva, añadiendo que junto a ella también han declarado "todos los técnicos del IEDT".

Tras aclarar que su situación procesal se limita a una "preimputación" y que, por lo tanto, aún no ha declarado ante juez alguno, Valencia apeló a su "inocencia absoluta" en este supuesto fraude. En este punto, reiteró que la labor del IEDT "se limitaba a recepcionar las solicitudes de ayuda que llegaban y a baremarlas de acuerdo a cuestiones técnicas". Posteriormente, junto a los rectores del plan Bahía Competitiva y los de la Agencia Idea se elaboraba un listado definitivo que era elevado tanto a la Consejería de Innovación de la Junta como al Ministerio de Industria, que era el que finalmente concedía las ayudas. Aún así, Valencia destaca -como ya aplaudiera tiempo atrás el nuevo presidente de la Diputación, José Loaiza (PP)-, que el IEDT realizó sendos informes técnicos alertando del riesgo financiero que conllevaba otorgar tanto dinero a un solo empresario, Dávila Ouviña, que posteriormente no invirtió en la Bahía los 14,5 millones de euros concedidos como ayudas.

A la vista de todo esto, María José Valencia dice sentirse "desolada" por que Irene García le haya apartado de cualquier responsabilidad de gobierno "haciéndome un juicio paralelo sin darme la posibilidad de defenderme y conculcando mis principios básicos como ciudadana".

Por todo ello no tiene duda alguna de que la alcaldesa de Sanlúcar "me sacrifica por cuestiones internas del PSOE", añadiendo al respecto que durante su trayectoria política "jamás he querido hacer daño a mi partido".

Valencia no tuvo reparos en reconocer que "me duele que el PP, a través de Loaiza, avalara mi gestión sobre el plan Bahía Competitiva al frente del IEDT y, sin embargo, mi secretaria general me destituya dudando de mi honestidad".

Del mismo modo reprocha a Irene García su "doble vara de medir" ya que, reflexiona, "me destituye y me reclama mi acta de concejal pese a no estar imputada y, sin embargo, no hace lo propio con otra compañera del Grupo Socialista en la Diputación a la que no le deseo ningún mal pero que ya ha sido imputada hasta tres veces por un juez", dijo refiriéndose a Pilar Sánchez, a quien no citó.

Pese a las presiones internas, a María José Valencia no se le pasa por la cabeza ni dimitir, ni devolver su acta de concejal porque, indicó, "hacerlo sería dar la razón a los que me están acusando sin pruebas". "Defenderé mi dignidad y mi honestidad y cuando un juez aclare mi situación y se confirme mi inocencia, entonces decidiré lo que sea", apostilló.