El colectivo vecinal Chifra (Asociación de Residentes Extranjeros de Chiclana), que se constituyó en el año 2008 impulsado en torno al fenómeno de la vivienda ilegal en la localidad, según explica su propio presidente, Dave Fisher, y especialmente por aquellos que se encontraban con el problema de la falta de electricidad en sus residencias, ha querido valorar la actual situación de algunas de las viviendas irregulares del extrarradio, según su punto de vista.

Actualmente, esta asociación cuenta ya con 448 miembros en 334 hogares, defendiendo su representante que “la mayoría de estas personas fueron engañadas para comprar casas ilegales por agentes inmobiliarios sin escrúpulos”. Asimismo, la mayor parte de los miembros de este colectivo están muy descontentos, además, “porque los respetados abogados y notarios también les fallaron al permitirles comprar una propiedad ilegal sin saberlo”, aseguran.

El siguiente problema, según argumentan, “fue que muchos compraron una propiedad donde el constructor simplemente se llevó el medidor de electricidad, y cuando llegaron a las casas la sorpresa fue descubrir que el agua tenía tanta sal que no era potable”.

Pero lo peor para estos residentes extranjeros en la ciudad iba a llegar, según explican, “cuando el Plan General de Ordenación Urbana de 2002 se convirtió en el Plan de 2004, que finalmente surgió en 2007, solo para ser anulado en 2011. Desde entonces, no se ha logrado nada para brindar ninguno de los servicios básicos que lamentablemente faltan”, inciden.

Dave Fisher, presidente de Chifra, en una imagen de archivo.

Según la versión que defienden desde dicho colectivo, “a lo largo de estos años ha habido dos versiones de la figura del AFO (Asimilado a Fuera de Ordenación), una creación jurídica para permitir a algunos propietarios de viviendas irregulares poder desarrollar determinados trámites que, en ocasiones, permiten el acceso a los servicios básicos. “La primera versión –sostienen– permitía a las casas fuera de un plan de ciudad obtener servicios básicos donde estaban cerca estas conexiones. También permitió al propietario obtener las escrituras de su propiedad e inscribirlas en el registro y en el catastro. La segunda versión (Decreto-Ley 3/2019) permite un AFO dentro de un PGOU; esto fue necesario porque pasarán muchos, muchos años antes de que el PGOU actual le dé a alguien agua potable o electricidad”.

Pese a que la versión municipal nada tiene que ver con el punto de vista que defienden en Chifra, en palabras del propio presidente de la asociación, “varios ayuntamientos se han negado a reconocer el cambio de ley y no emitirán un AFO. Ellos sostienen que todas las casas en un área deben hacer un ‘mini’ plan dentro del PGOU. Frente a esto, una organización de expatriados (AUAN–Abusos Urbanos Andalucía No) ha combatido esta injusticia durante muchos años”.

“Los servicios básicos son un derecho dentro de la Unión Europea –incide Fisher, al tiempo que critica que– excepto en Chiclana. A pesar de que varias ciudades permiten el nuevo Decreto-Ley 3/20019 (Conil y Medina Sidonia por ejemplo), el Consistorio de Chiclana se ha negado a aceptar cualquier ley de AFO que permita el acceso de los ciudadanos a la electricidad y al agua potable”.

“No entendemos cómo Chiclana puede tener 17.500 propiedades ilegales y el Ayuntamiento, lejos de querer ayudar, quiere dificultar la vida de los propietarios de propiedades ilegales, el 90% de los cuales son ciudadanos españoles. Éste no es un país del tercer mundo pero no quiere que las personas tengan servicios básicos”, sostiene el representante de Chifra, al tiempo que demanda la necesidad de que se celebre una reunión entre los grupos comunitarios locales, sus abogados y la Junta de Andalucía para encontrar una solución al problema, “pero también tendremos que lidiar con el Gobierno central en Madrid, ya que están tratando de detener a los AFO”, lamenta.

Lamentan la situación existente con los AFO, un conflicto político entre administraciones que achacan a intereses partidistas

Para los representantes de dicho colectivo, “se trata realmente una pelea entre partidos políticos opuestos a los que no les importa que nos quedemos sin los servicios más básicos”.

Finalmente, desde Chifra se concluye que “si esperamos décadas para un PGOU, las personas que no pueden pagar acumularán aún más demoras, pero si se nos permite un AFO, los trámites podrían resolverse en meses y tras esto, podrían impulsarse nuevos sistemas de residuos ambientales y accesos a los servicios básicos, con lo que ello supondría para la ciudad a todos los niveles”.

“Necesitamos políticos con visión de futuro que quieran que los jubilados en sus años dorados vivan su vida en el sur de España para gastar su dinero en la comunidad local. Nos gusta el ritmo de vida aquí, la gente amable, el clima con mucho sol y calor. España es un paraíso para los jubilados; un euro por un café de la mañana para reunirse con amigos y un euro por una cerveza por la tarde para sentarse y conversar y ver la puesta de sol”, argumentan, al tiempo que insisten en que “España tiene orgullo, y con razón, pero miramos dos millones de casas ilegales y preguntamos: ¿Cómo puede ser esto en un país civilizado? Tiene que haber una respuesta para que las parcelas sean reconocidas y tener agua potable y electricidad como un derecho. Corresponde a los políticos construir el país para que sea mejor, no destruir casas y vidas”.