Hace poco más de una década, las compras de música que hacían los consumidores españoles durante un año se valoraban en algo más de 600 millones de euros y el país era el séptimo mercado del mundo en este ámbito. La situación es hoy totalmente distinta: las ventas no llegan a los 130 millones de euros, y España ocupa el puesto número 13 en la industria global. Los datos, aportados por Promusicae, la entidad que agrupa a los productores de música de España con motivo del informe La industria discográfica, en cifras, realizado por la Asociación Internacional de Productores Fonográficos (IFPI), son sólo una muestra de la brutal transformación que ha sufrido el sector de la cultura en los últimos tiempos. El Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2012, encargado por La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, arroja otra cantidad de números reveladores: según ese estudio firmado por la consultora GfK, uno de cada dos internautas ha accedido alguna vez a algún producto ilegal, 32 de cada 100 usuarios piratean músicay43 de cada 100 lo hace con películas, cantidades que descienden en el caso de los videojuegos (7%) y libros (12%). O lo que es lo mismo: este trabajo estima lo descargado en el acceso ilegala contenidos digitales nada menos que en 15.204 millones de euros. "Son tantas las cifras que es mejor no pensarlo", afirma preocupado el presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), Enrique Cerezo, en conversación telefónica con este periódico.

Pero, ¿por qué no se frena esta sangría? ¿Por qué España "tiene uno de los peores problemas de piratería de la UE", tal como alertan desde la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), que ha pedido el regreso del país a la lista negra de la piratería informática? Algunos testimonios consultados hablan de la tibieza del Gobierno central al respecto. La insatisfacción generada tras la aprobación de una Ley Sinde que no respondió a las expectativas de los implicados y la controversia en torno a una nueva Ley de Propiedad Intelectual que será remitida a las Cortes en el próximo periodo de sesiones (después del verano), según anunció esta semana el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y que algunas asociaciones han tachado de "insuficiente", han agudizado las diferencias entre la Administración y las entidades de derechos de autor. "El Gobierno siempre es receptivo a nuestras demandas, pero, a la hora de cumplir, no cumple", lamenta Cerezo. El productor alude a Francia como el espejo en el que deberían mirarse los gobernantes españoles. "Allí hay una mentalidad totalmente distinta. Aquí tenemos una legislación descafeinada".

Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, también se muestra tajante: "Sin duda es un problema de falta de legislación", juzga, antes de añadir que el hecho de que las descargas no estén castigadas provoca que el internauta se sirva a sus anchas en un territorio sin ley. "Según el Observatorio de piratería, uno de cada tres piratas activos consideran que no hacen daño a nadie y que no realizan ninguna actividad ilegal o censurable", recuerda.

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos suscribe la misma impresión: "El principal motivo que impide arreglar la situación es una ineficaz aplicación de la ley. El ciudadano hace lo que se le permite...", expresa Carlota Navarrete, directora de La Coalición. "Quien debe poner freno a una actividad ilegal realmente es la Administración, el Estado", prosigue. "La herramienta por la que se está apostando hoy por hoy desde el Gobierno es por el procedimiento administrativo de salvaguarda que lidera la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, en la SEC… Ya hemos manifestado en reiteradas ocasiones el malestar desde las industrias no por el compromiso pero sí por los resultados que estamos teniendo", expone. Desde La Coalición no pueden considerar convincentes los datos. "Ante un escenario de 3.050 millones de descargas ilegales en 2012, sólo se han podido resolver 25 de 300 expedientes abiertos… No podemos decir que los recursos estén siendo suficientes o los adecuados".

Cada sector esgrime sus cifras para calibrar la sacudida que han sufrido con este tema. Guisasola concreta las pérdidas experimentadas en la música: "En 2012 se piratearon 2.100 millones de contenidos (canciones, álbumes, vídeos...), lo que provocó un descenso en las ventas anuales de 580 millones de euros". El presidente de Promusicae cree que "atajando la piratería el sector de la música grabada facturaría más de 700 millones anuales, recuperando los niveles de facturación de hace diez años y generando 4.000 nuevos empleos directos y 160 millones de euros para las arcas públicas. Y si hablamos del conjunto de la industria de contenidos, atajando la piratería se podrían crear 25.000 nuevos empleos directos y unos ingresos públicos (entre Hacienda y la Seguridad Social) de 500 millones de euros anuales".

Pero para que el panorama cambie, sostiene Enrique Cerezo, debe darse un proceso de sensibilización, concienciar de que detrás del creador hay toda una infraestructura que se ve perjudicada por las descargas no remuneradas. "La cultura de pago está en España en un aprendizaje forzoso", afirma Cerezo, representante de un sector, el cine, en el que las cifras de recaudación son cada vez más escandalosas y en el que el cierre de la distribuidora Alta Films supuso una importante llamada de atención. "Uno de los grandes trabajos que hay que hacer, en colaboración con el Gobierno, es mentalizar a la gente de que copiar o descargarse algo ajeno es un delito que se ha menospreciado, que se cree que es algo normal porque es fácil de conseguir", advierte Cerezo. "El público no percibe la piratería como una infracción, y mucho menos como un atentado contra los derechos del creador", declara Guisasola. "La inmensa mayoría sigue teniendo una idea romántica y cool del pirata. De hecho, el 24% de los internautas justifica su actividad ilícita diciendo que lo hace todo el mundo".

Plataformas de vídeos como YouTube llevan tiempo colaborando con los productores en la causa. Esta semana Egeda firmó un acuerdo con el canal en el que se ponía a disposición de los socios una herramienta para controlar los contenidos en la red. "Google y Youtube son dos realidades importantísimas de la red en el mundo. Y han entendido que no podían estar cerca de quien incumple las leyes", defiende Cerezo. "Los productores de música tienen, desde hace varios años, acuerdos similares con YouTube", cuenta por su parte Guisasola. "Eso permite, por un lado, que los particulares puedan utilizar legalmente música en los vídeos que suben a YouTube y, por otro lado, que este servicio se haya convertido en una importante fuente de ingresos para el sector… Desde la industria de la música llevamos mucho tiempo trabajando en ello y buscando día a día nuevas herramientas que nos permitan implementar un modelo de negocio acorde con la era en la que nos encontramos y respetuoso con los derechos de todos".

Efectivamente, el modelo de negocio ha cambiado de manera asombrosa, y el sector empieza a entender ya las posibilidades de unos cauces que al principio miraba con recelo. El éxito de algunos proyectos revela que hay muchos internautas dispuestos a pagar si se desarrollan las plataformas que ofrezcan el producto. "Sin duda, hablamos de Filmin, Spotify, Filmotech, Me Siento de Cine…", enumera Navarrete, directora de La Coalición de Creadores. "Hay muchas plataformas que llevan apostando por modelos de negocio para ofrecer contenidos de calidad y perfectamente concebidos para el internauta. Pero mientras tengan que competir y convivir con el mercado ilegal que no respeta las reglas del juego, ni la inversión, ni los derechos de otros, es imposible que puedan dar resultados contundentes", argumenta.

Los avances, en todo caso, empiezan a ser esperanzadores. "El 35% de los ingresos del sector a nivel mundial procedió de servicios digitales", detalla Guisasola sobre los progresos del negocio musical en este aspecto. "Y en España, los ingresos digitales supusieron 48,3 millones de euros en 2012, con un incremento del 4% respecto a 2011, representando ya un 34,23% de las ventas. Y, lo que quizá sea más destacable, más de la mitad de dichos ingresos digitales proceden de servicios de música en streaming, como Spotify o YouTube. El problema", matiza, para no caer en el triunfalismo, "es que el crecimiento de los ingresos digitales sigue sin compensar el descenso de las ventas de productos físicos, que llevan 11 años seguidos de caídas con un descenso acumulado de más del 80% desde el año 2001", desglosa la cabeza visible de Promusicae, donde están "trabajando precisamente para reconocer la importancia, cada vez mayor, de las nuevas modalidades de consumo musical y en especial del streaming… Y en breve esperamos anunciar interesantes novedades en este sentido", anticipa.

Hay quienes le atribuyen, no obstante, a los productores cierta miopía, y quienes creen que andan encallados en un discurso alejado de la realidad. De un reciente informe del Instituto de Estudios de Prospectivas Tecnológicas de la Comisión Europea se desprendía que las descargas ilegales animan a que la gente acabe comprando el producto y pagando por él. Pedro Jiménez, de Zemos98, un colectivo que defiende que "la cultura tiene que tratarse de una manera libre, más compartida", cree que los informes que hay en contra de la piratería "son hechos por los propios interesados en que eso se persiga, por gente acomodada en la industria". El motivo de la crisis, dice, "no es únicamente el tema de las descargas de archivos, hay un cambio de consumo cultural al que no se está sabiendo responder. Si uno se fija en las listas de los más poderosos de Forbes, esa gente ha logrado sus ingresos con giras de conciertos o con otras historias, pero no vendiendo discos. El mercado evoluciona, y centrarse en la piratería como el único problema, desde el punto de vista empresarial, es una torpeza".