Cultura

La viuda de la 'duquesa roja' dice que los albaceas la "traicionaron"

  • Liliane Dahlmann defiende su gestión al frente de la Fundación Casa Medina Sidonia Leoncio González de Gregorio asegura no actuar contra el Archivo Ducal

El juicio por la herencia de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, la fallecida duquesa de Medina Sidonia (2008), comenzó ayer en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Sanlúcar con las declaraciones de su viuda, Liliane Dahlmann, que es presidenta vitalicia de la Fundación Casa Medina Sidonia, y su primogénito, Leoncio Alonso González de Gregorio. Las comparecencias de los hermanos del actual duque, Pilar y Gabriel, están previstas para hoy. 

 

Dahlmann estuvo declarando durante más de tres horas respondiendo a las preguntas del juez y los abogados sobre dos aspectos distintos del proceso judicial. Por un lado, fue interrogada en calidad de "persona física" sobre la compraventa de dos parcelas en Atlanterra (Zahara de los Atunes) hace dos décadas y, por otro lado, debió contestar a diversas cuestiones sobre su gestión al frente de la Fundación desde el fallecimiento de la conocida como duquesa roja. El interrogatorio también permitió conocer ciertos detalles de los "26 años de convivencia" que arrancaron cuando la historiadora alemana llegó a Sanlúcar en 1983.

 

En su declaración, justificó las operaciones económicas efectuadas en torno a ambas parcelas -en una de las cuales acordaron construir una "casa de playa"- y tuvo que explicar determinados movimientos de sus cuentas bancarias y las que compartía como cotitular con la duquesa, precisando, entre otras cosas, que iban destinados a la ejecución de obras de restauración necesarias en el Palacio Ducal. Aseguró que ya por entonces "llevaba la contabilidad" del histórico inmueble y de la propia aristócrata.

Por otro lado, admitió que recibía directamente de la duquesa -no de la Fundación- un sueldo mensual por su labor como "conservadora" del Archivo, que comenzó siendo de 90.000 pesetas, luego pasó a 200.000 pesetas y más recientemente a 2.500 euros, pero sin estar dada de alta en la Seguridad Social ni tributar a Hacienda. A este respecto, Dahlmann manifestó que "no era una trabajadora más" de la plantilla del Palacio, formada a principios de los años 90 por una docena de empleados. Abundó en que no tenía "una relación laboral" con Luisa Isabel Álvarez de Toledo. "Esta retribución yo la empleaba en obras, personal y demás. Lo hacía porque habíamos formado una vida en común, más allá de la relación laboral", dijo poco antes de indicar que los tres hijos conocían el trabajo que desempeñaba en el Palacio.  

 

Sobre sus primeros años en Sanlúcar, afirmó que "pusimos en orden un edificio que estaba en ruina y que necesitaba una restauración". Si bien en 1977 la duquesa inició gestiones para crear la Fundación, no fue hasta el año 1990 cuando se constituyó. "Siempre buscó promover una institución o una fundación para darle un fin público, social y cultural al Archivo", declaró. De acuerdo con su versión, el objetivo de la duquesa era proteger el patrimonio existente, que contaba con protección oficial del Estado y la Junta de Andalucía, ante la posibilidad de que sus hijos lo vendieran. Las "fuertes inversiones" de la Fundación se vieron complementadas por subvenciones públicas que "han sido imprescindibles" para restaurar un edificio en el que "estaba todo por hacer" en 1990.

 

En relación a la negativa de la Fundación a llevar a cabo la valoración de sus bienes, argumentó que así lo decidió por entender que "no tienen valor en el mercado". A este respecto, aseveró que las albaceas "traicionaron" la voluntad de la aristócrata, pues ésta dejó "un testamento claro sólo para el resto de los bienes". Igualmente, reveló que el Palacio y el Archivo no están asegurados. "Se habló de ello con una companía, aún en vida Doña Isabel, pero vimos que no podríamos pagarlo por su excesivo precio, dado el valor incalculable de este patrimonio", explicó. En otro momento de su declaración, Dahlmann apuntó que la duquesa decía al respecto: "¿de qué me sirve el dinero, si esto se quema?". 

 

Asimismo, defendió que el Archivo Ducal es "un todo indivisible" que está abierto al público desde hace 40 años, un periodo de tiempo en el que ha acogido a "miles de investigadores".

 

Sobre la antigua Iglesia de la Merced -actualmente auditorio-, respondió al abogado del Ayuntamiento que la duquesa "cedió su uso" a esta administración para 30 años, negando que fuera una "donación". El monumento estaba entonces "completamente en ruina" y, según el letrado, su rehabilitación requirió una inversión pública de más de tres millones de euros. 

 

No tanto -algo más de una horó- duró la declaración judicial del hijo mayor de la duquesa roja, quien afirmó que la constitución de la Fundación fue "una reacción" de su madre ante los pleitos que le habían planteado sus dos hermanos por otras cuestiones hereditarias. El duque de Medina Sidonia defendió que reclamar su parte de la propiedad de los fondos y bienes de la Fundación "no tiene nada que ver" con que se mantengan sus fines sociales y culturales. 

 

Antes de comparecer, Leoncio Alonso González de Gregorio declaró a los medios de comunicación que se sentía "muy esperanzado" de que "se hará justicia".

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