La oposición al acercamiento de los presos etarras al País Vasco se ha convertido en uno de los mantras del Partido Popular. A tal nivel llega la exigencia que se erigió en uno de los puntos que el presidente del partido conservador trasladó a Pedro Sánchez. Con absoluta sinceridad, y partiendo de mi más absoluto desprecio a quienes siembran el terror, sigo sin entender esta postura. Todos debemos convenir que la cárcel es un medio de castigo. Privar de libertad a una persona es negarle uno de sus derecho fundamentales, por mucho que la prisión esté dotada de gimnasio, piscina y tenga hasta televisión en las celdas. Quien delinque debe pagar. Es obligado. Pero resulta que cuando se niega el traslado a los presos al País Vasco a quien en verdad se está castigando es a las familias, que por muy padres, madres, esposas o hijos de terrorista que sean, no tienen por qué pagar semejante castigo. ETA ya no existe, el dolor prosigue, pero el Estado no debería aumentar dicho dolor en personas que no han delinquido.

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