Los andaluces disfrutamos de un nivel de vida inferior en un 21% al promedio de los españoles (INE, renta bruta per cápita de los hogares en 2015), pero si tuviéramos que vivir sólo de lo que producimos, es decir, de la riqueza que generamos, la distancia sería del 26% (PIB por habitante en 2017). La diferencia, el 5%, se suele identificar con la solidaridad interregional, aunque en realidad es, en su mayor parte, el resultado de la política redistributiva del Estado, que opera a través de los impuestos y el gasto público.

Pagamos menos impuestos que la media de los españoles, precisamente porque los niveles relativos de renta y actividad económica son inferiores a los de España. Según la balanza fiscal de 2014, la última publicada, 1.638 euros menos por habitante, pero conviene puntualizar que si se hacen las cuentas detalladamente, se obtiene que un contribuyente en Andalucía paga más impuestos que otro en idénticas circunstancias económicas en el resto de España.

También existe el convencimiento de que el gasto público en Andalucía es mayor que en otras comunidades y que ambas circunstancias (menos impuestos y más gasto público) permiten un nivel de vida superior al de los recursos que generamos. Puesto que la tasa de paro andaluza es superior en 7,8 puntos a la española y la de riesgo de pobreza en 9,6 puntos, parece lógico que las transferencias desde el Estado a los andaluces por subsidio de desempleo y gastos asistenciales sean mayores que en otras comunidades, pero con el resto del gasto púbico no ocurre lo mismo.

Cuando en julio de 2014 se publicaron las primeras balanzas fiscales, referidas a 2011, se desmontó la falacia del "España nos roba" del independentismo catalán y también, aunque sólo en parte, el mito de la "Andalucía subsidiada", tan recurrente cada vez que surgía el tema de la financiación autonómica. Sorprendentemente, el gasto público por habitante en Andalucía en 2014 fue 722 euros inferior a la media, a pesar de que las necesidades derivadas de los niveles de paro y pobreza eran considerablemente mayores al resto.

La interpretación del saldo fiscal favorable de 915 euros por habitante (la diferencia entre las dos magnitudes anteriores) como expresión de un trato fiscal ventajoso para Andalucía quedaba en entredicho con la publicación, pero sobre todo tras quedar acreditado que la presión fiscal en la comunidad es una de las más elevadas de España. Parece razonable, por tanto, que una parte de la ciudadanía considere insuficiente un sistema de bienestar que sólo consigue corregir en un 5% una diferencia en PIB por habitante superior al 25%. Otra parte se planteará que algo debe estar haciéndose mal si, después de 40 años de políticas redistributivas, las desigualdades permanecen o incluso han aumentado. De fondo, el debate sobre la idoneidad y la sostenibilidad del sistema de bienestar en Andalucía. Cada cual lo verá desde su particular óptica ideológica, pero es de suponer que la mayoría comparte el ideal de un sistema de bienestar adaptado a la capacidad productiva de la economía y, por tanto, menos dependiente de transferencias desde otros territorios.