Los independentistas catalanes han anunciado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado.

Pinta mal para el presidente, pero queda una semana por delante para que se inicie el debate presupuestario, y en una semana puede haber acuerdos en las negociaciones que pretenden forzar los independentistas en estos últimos días previos al debate de Presupuestos.

En buena ley, Sánchez no debería ceder a las exigencias de los independentistas, que Tardá ha expuesto muy claramente: un gesto respecto a los presos -el juicio se inicia el mismo día que el debate presupuestario- y el reconocimiento al derecho de autodeterminación.

Sánchez no debería ceder, pero el presidente de Gobierno se ha hecho un nombre desmintiéndose a sí mismo y saltándose las normas de su partido; la última vez, este fin de semana al apoyar abiertamente al candidato madrileño Pepu Hernández, lo que va contra los estatutos del PSOE, que exigen neutralidad a la Ejecutiva ante unas primarias. También ha incumplido Sánchez su política respecto a quienes tratan de burlar a Hacienda a través de sociedades mercantiles. Le costó el cargo a Maxim Huerta, pero Sánchez mantiene a Pepu a pesar de haber cometido el mismo pecado.

En el caso del independentismo es nada menos que la Constitución la que impide que el presidente ceda. No está en su mano tomar decisiones que competen a los jueces, y no cabe el derecho a la autodeterminación, pero un Sánchez empeñado en mantenerse en Moncloa hasta el final de la legislatura y más, ya adelantó a los independentistas un camino que quizá pueda convencerles para apoyar los Presupuestos: un nuevo Estatut con más competencias que las que tiene actualmente y llevarlo a referéndum. Los independentistas no se conforman, pero si bajo cuerda se les ofrecen garantías de que la reforma supondrá una Cataluña menos condicionada a las leyes y al Gobierno español, quizá acepten finalmente apoyar a Sánchez.