Análisis

Joaquín Aurioles

Equilibrios financieros básicos

La economía española es grande, pero está enferma. El dato de paro basta para un diagnóstico por imagen, aunque llevamos tanto tiempo arrastrando el problema que da la impresión de habernos acostumbrado e incluso de conformarnos. Andalucía, Canarias y Extremadura parecen condenadas a alojar las grandes bolsas de desempleo, aunque a veces desde la impertinente Europa, donde todavía impacta el demacrado aspecto de nuestro mercado de trabajo, todavía se entrometen en nuestros asuntos exigiendo dar prioridad al empleo a la hora de aplicar sus ayudas. El otro síndrome de la gravedad de la situación está en el cuadro financiero.

Por un lado, en el sistema de pensiones. El gasto acumulado durante los últimos doce meses asciende a 117 mil millones de euros (9.883 en julio), que representa el 9,4% del PIB de 2019. Los años previos a la crisis de 2008 fueron los más alarmantes, cuando el gasto crecía muy por encima del 5% anual, en el que se mantuvo hasta el inicio de la recuperación (2014). La moderación posterior, en torno al 3%, se quebró en 2018 con una fuerte subida (7% en diciembre) y un intenso desplome durante 2019, que culminó en este año con las tasas de crecimiento más reducidas del siglo. A pesar de ello, el gasto en pensiones se ha incrementado en un 64% desde 2008 (17,2% el número de pensionistas) y en un 23,6 % desde 2014 (6,9% los pensionistas).

Otro motivo de alarma es la deuda pública. 1,19 billones de euros a finales del pasado año, equivalentes al 95,5% del PIB. Era el dato más bajo desde finales de 2013, gracias al intenso crecimiento de los años posteriores, aunque en el primer trimestre de 2020 se ha vuelto a rondar el 100 por cien y amenaza con superar ampliamente el 115% por el impacto del covid-19. Las favorables condiciones de acceso a los mercados financieros, gracias a la intervención del BCE, encubren parcialmente la gravedad de la situación, pero mientras que el apalancamiento supone un compromiso cierto y duradero con los acreedores, el apoyo del BCE no deja de ser circunstancial e incierto. La cicatería del gobierno en sus ayudas fiscales y financieras a autónomos, pymes y al turismo en particular por motivos relacionados con el covid-19, puede interpretarse como prueba del estrecho margen de maniobra financiero del gobierno, derivado del elevado nivel de endeudamiento.

Por último, el reto de adaptar las estructuras del estado a las necesidades derivadas de la pandemia mediante subidas de impuestos, todavía por precisar, pero cuando tanto la economía y como las expectativas se hunden. Las diferentes vías de escape existentes combinan modificaciones en las prioridades de gasto, recortes en los capítulos de gasto no imprescindibles, incluidos los que afectan a la superestructura política del estado, y, por supuesto, subida de impuestos. Las señales desde el gobierno para allanar el camino a los presupuestos son indicativas de su pretensión de cargar las tintas en la recaudación impositiva y adaptar el gasto a las necesidades de la crisis, pero manteniendo la inercia del ajeno a la misma. Mientras tanto, las autonomías asfixiadas y sin pistas del futuro sistema de financiación.

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