Posiblemente lo mejor y lo peor que haya hecho el departamento que ha pilotado la psicóloga malagueña y funcionaria de la Junta María José Sánchez Rubio ha sido sacar adelante el programa de la renta mínima básica. En un partido de izquierdas lo mínimo que se pide es que cubra las necesidades de los más desfavorecidos, que en la comunidad se fijaron en unas 45.000 familias, de las que cerca de 6.000 vivirían en Cádiz. Una cifra altísima, ya que hablamos de familias, supuestamente, sin ningún recurso. De este modo se sustituía al ineficaz sistema anterior, el ingreso mínimo de solidaridad. Es decir, aquí no se trata de solidaridad, sino de un derecho a una renta para sobrevivir.

Hasta ahí bien. La cuestión ahora era cómo aplicarlo y aquí la presidenta Susana Díaz tiene un problema, que supongo que es un problema presidencial generalizado. Les pongo un ejemplo, del que hablaremos en los próximos días. Hace cuatro años alguien le dijo que el hospital de Vejer ya estaba terminado y vino a Cádiz en campaña y una de sus muletillas fue decir que había cumplido terminando el hospital de Vejer. Y era cierto, hace cuatro años y hoy. El hospital de Vejer está terminado, y hace cuatro años y hoy, no ha abierto sus puertas.

Con lo de la renta mínima no ha sido tan exagerado, pero según se aprobaron estas ayudas Díaz lo incluyó en su discurso. Pero el trayecto desde el antiguo Hospital de las Cinco Llagas donde tiene su sede el Parlamento andaluz hasta la calle es muy largo. Con una informática obsoleta y con unos complicados trámites burocráticos que necesitaban de algo más que los conocimientos sobre la materia que tiene quien está en riesgo de exclusión el proyecto encalló. El dinero no llegaba a sus destinatarios, por no decir que el trabajador pobre y en precario, el que tiene un sueldo, pero que no le da para vivir, quedaba automáticamente excluido, lo que empuja, otra vez, a la economía sumergida. Otro ejemplo de la diferencia entre querer y poder. Para poder, por cierto, según los datos de la propia Junta, hace falta formar a 31.000 empleados públicos en servicios comunitarios.