Análisis

Manuel Sánchez

Riesgo creciente de una recuperación global en forma de K

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha presentado la actualización de su escenario económico en una coyuntura global marcada por la tercera ola de la pandemia, especialmente en Europa y EEUU, y las incógnitas asociadas a la aparición de nuevas cepas de coronavirus, que han llevado a los gobiernos de las economías avanzadas y emergentes a introducir nuevas restricciones. La Organización Internacional del Trabajo estima que actualmente un 77% de los trabajadores a nivel mundial residen en países sujetos a restricciones de movilidad, cifra que alcanzó un 85% a finales de julio de 2020.

En concreto, el FMI sitúa el avance del PIB global en un 5,5% anual este año, similar al de 2007 y 0,3 pp superior al estimado en octubre. Así, la economía mundial registraría una de sus mayores tasas de crecimiento en las últimas 4 décadas, tras sufrir en 2020 su mayor contracción desde la Gran Depresión (-3,5% anual). Un crecimiento que será liderado por China con un avance de su producción de un 8,1% anual, al que se une unas mejores perspectivas de crecimiento en EEUU hasta un 5,1% anual, principalmente por la ampliación de sus estímulos fiscales. En contraste, la Eurozona podría registrar un avance menor del proyectado anteriormente, situándose en un 4,2% anual ante el impacto de la actual situación epidemiológica y el endurecimiento de las medidas de movilidad.

Ante este escenario se confirma el riesgo creciente de una recuperación en forma de K a nivel regional, que podría ser más acusada en función tanto de la evolución de las mutaciones del virus y el éxito de los planes de vacunación como de la efectividad de la política económica hasta alcanzar el control de la pandemia.Este deterioro de la actividad económica se ha reflejado en el mercado laboral, especialmente en los sectores más afectados por las restricciones de movilidad. En 2020, el número de desempleados creció a su nivel más rápido desde 2012, situando la tasa de paro en un 16,13% de la población activa, niveles similares a los de finales de 2017. Una cifra que, si incluyera a los trabajadores ocupados que no han trabajado (entre los que se encuentran los afectados por ERTE), se elevaría por encima de un 24%.

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