La sentencia de la Audiencia de Sevilla avala lo que asumía gran arte de la opinión pública: el caso de los ERE andaluces era el de mayor corrupción de un partido. La última palabra la tendrá el Supremo, pero la investigación periodística que destapó el escándalo, más los nueve años de investigación judicial han sido determinantes para los miembros del tribunal: centenares de millones de euros de dinero público fueron destinados fraudulentamente a empresas cercanas al PSOE andaluz y a militantes o familiares y amigos de militantes, gran parte de ellos como trabajadores de empresas en crisis en las que jamás habían trabajado.

El PSOE se ha puesto de perfil y sus actuales dirigentes advierten de que ninguno de ellos, con Pedro Sánchez a la cabeza, tenía cargos de responsabilidad cuando sucedieron los hechos. Tienen razón. Pero habría que recordarles que Mariano Rajoy perdió el Gobierno por una moción de censura que presentó Sánchez ante una sentencia condenatoria a su partido por financiación ilegal, sin que se aportaran pruebas de que Rajoy conociera la ilegalidad.

Dicho esto, aun dando por seguro que Sánchez no conocía aquella trama delictiva - no era nadie en el PSOE cuando se organizó- se echa de menos alguna palabra de condena del secretario general hacia el modus operandi de su partido en tiempos pasados. Porque por mucho que le duela, ese partido que exige limpieza total a todo partido y a sus representantes, está obligado a asumir que su trayectoria no es intachable y que no es el caso de los ERE el único escándalo de su historia. Aunque sí el más sangrante, porque afecta a la que ha sido su cúpula en Andalucía durante décadas y a dos ex presidentes nacionales del partido. Que pidieron la baja de militancia y renunciaron a los escaños de senador y diputado cuando se les pidió porque de ello dependía que Susana Díaz pudiera formar gobierno con el apoyo de Ciudadanos. Hay que reconocer su lealtad a su partido, aunque hayan sido condenados por actividades delictivas.