LA sentencia es dura, pero con demasiadas puertas abiertas, y nadie está conforme. El juez Marchena buscó la unanimidad para dar más fuerza a los argumentos condenatorios, pero aquellos que tenían clara la rebelión están indignados por una condena que consideran blanda, mientras que los independentistas creen que el Supremo ha violado el derecho de opinión y de libertad de expresión.

El fallo tendrá consecuencias políticas de envergadura, ya que los secesionistas han realizado una labor exhaustiva de concienciación para identificar el procés con unas ansias de libertad inconmensurables ante un país invasor y opresor. Ese mensaje se ha transmitido con éxito a infinidad de medios internacionales. Frente a esa campaña inteligentemente diseñada y con fondos ilimitados, el vídeo de los miembros del Gobierno de Sánchez diciendo en inglés que España es un país ejemplo de democracia es absolutamente ridículo. ¿O es que esas palabras son más convincentes que el comunicado del Barça respaldando a los "presos políticos", al que siguió un tuit de Gerard Piqué diciendo que está orgulloso de pertenecer a ese club? Tenemos mucho que aprender de su estrategia de comunicación.

Sánchez ha garantizado que los culpables cumplirán las condenas. Difícil garantizarlo: cuando cumplan la cuarta parte podrán acceder al tercer grado si lo permiten las autoridades penitenciarias... que dependen de la Generalitat porque se les transfirieron esas competencias. Lo que significa que en pocas semanas veremos a la mayoría de los condenados en la calle.

El juez Llarena ha reactivado la euroorden contra Puigdemont. Sería la tercera, tras el fracaso de las dos primeras, y hay motivos para el escepticismo: no cuenta España con grandes amigos entre los responsables de impartir justicia en países cercanos.

Es día de amargura. Más que por la sentencia, porque se ha demostrado otra vez que los independentistas saben cómo buscar las vueltas a quienes defienden la ley, el orden y la Constitución.