Análisis

Luis Ramírez

Secretario General de Asaja Cádiz

¡Ya está bien de castigar al campo español!

El año 2019 ha sido de los peores años que se recuerdan en el sector agrario, donde los agricultores y ganaderos sufrimos la tormenta perfecta: unos costes de producción por las nubes; unos descensos de rendimientos, provocados por la sequía, por encima del 30% respecto a un año normal; y unos precios ridículos percibidos por la venta de nuestros productos, a niveles de hace 40 años. A todo esto hay que sumar el Brexit, aranceles de Trump, subida del SMI de casi un 30% en menos de un año, importaciones masivas de países terceros en desigualdad de condiciones medioambientales, sanitarias, laborales, etc., de las que exigen en Europa a nuestros productores, etc.

El problema de los precios es el mismo de hace 40 años y seguirá siendo el mismo, desgraciadamente, los próximos años. Esto lo sabe perfectamente el Gobierno de España y por eso, en lugar de inyectar liquidez al sector como así hizo Trump con sus agricultores y ganaderos, optó por no poner ni un euro y ofrecer, tras la campaña de movilizaciones que emprendimos las tres Organizaciones Agrarias y Cooperativas en febrero, lo que sabe que no servirá para nada: un RD de 5 páginas publicado en febrero sobre medidas urgentes en agricultura y ganadería cuya medida estrella es un artículo que modifica la Ley de la Cadena Agroalimentaria para vincular el precio de compra de un producto a su coste de producción. "Cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador". Una medida, que hay que aclarar, no prohíbe la venta a pérdidas si no la compra a pérdidas (cosa muy distinta). Papel mojado y medidas estériles que no solucionan el problema de falta de liquidez y rentabilidad que sufren las explotaciones agrarias en España y donde a la primera de cambio, a menos de dos meses desde su aprobación, ya hemos visto como nuestros agricultores y ganaderos por la crisis económica del Covid19 han tenido que vender por debajo de sus costes de producción (caso del porcino, ovino caprino, etc). ¿Para qué se aprueban las normas entonces?

Lo que debe entender el Gobierno, es que los agricultores y ganaderos somos empresarios, que nos jugamos mucho con un negocio expuesto a las inclemencias climatológicas, y como tales no sólo queremos cubrir costes, faltaría más, lo que queremos como cualquier empresa es una cuenta de resultado a final de año digna, que nos sirva para vivir con dignidad, mantener a nuestras familias y poder pagar a los trabajadores del campo unos sueldos cuanto más altos mejor. Entonces no tendríamos problemas en afrontar subidas del SMI, aunque fueran tan abusivas y disparatadas como subir un 30% el SMI en menos de un año. Siempre lo he dicho, los agricultores y ganaderos no es que no quisiéramos hacer frente a esta última subida del SMI por parte del Gobierno, es que nos resulta imposible con un resultado de explotación negativo.

Pues bien, entrando en la medida estrella del Gobierno, precios de compra relacionados a costes de producción, valga como muestra un botón: suponiendo que los costes de producción los fija el productor (agricultor/ganadero), podemos tener el caso, por ejemplo, de que el coste de producir un kilo de trigo para un productor sea 0,25 eurosy para otro 0,20 euros. Como la normativa aprobada no anula la ley de oferta y demanda, el comprador irá por el trigo de 0,20 euros, es decir del productor que fija su coste más bajo e incluso podría optar por buscar productores de otros países que no estén afectados por esta norma y puedan vender al precio que quieran. Con ello, agricultores como el del caso que nos ocupa quedan fuera de mercado, no podrían vender su producto y en el caso de ser perecedero lo perderían. Es decir, que el agricultor por no perder la oportunidad de vender su producto estaría obligado a recoger en el contrato de compra/venta que su coste de producción es de 0,20 euros ó 0,15 euros, por ejemplo, o la cifra a la que quiera comprar el comprador. Seguimos en las mismas, y a todo esto hay que sumar un posible incumplimiento y sanciones por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quien puede entender que se trata de una fijación de precios, aunque sea de manera indirecta, y que atenta con lo recogido, entre otros, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y donde el precedente del Caso Endivias o la fijación de precios en el sector lácteo francés en 2015, sería difícilmente aplicable en este caso.

Con todo ello y viendo la dificultad de recuperar rentas vía subida de precios a corto medio plazo (esto requiere un análisis profundo y reestructurar todos los sectores), lo que necesitan nuestros agricultores y ganaderos es un Gobierno que se centre en defender una PAC fuerte y con el mismo presupuesto que la anterior, como única forma de compensar a los agricultores y ganaderos su falta de rentabilidad; un Gobierno que demuestre de una vez por todas su apoyo decidido por nuestro sector poniendo en marcha medidas prácticas (ayudas directas, exenciones y bonificaciones fiscales, etc) y no las medidas que se han puesto en marcha en estos últimos días y que no sirven nada más que para enfadar más al sector; un Gobierno que deje de castigar y machacar al campo español con declaraciones como las últimas de Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo; en definitiva, un Gobierno a la altura de nuestros agricultores y ganaderos. Si no están dispuestos a ello, por favor den un paso al lado. Una muy buena forma de ser útil es no estorbar.

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