Vivimos tiempos complejos, en los que la inflación, cada vez más voraz y destructora del poder adquisitivo de las familias y los márgenes de las empresas, convive con la desaceleración económica y creciente incertidumbre. El mundo puede estar abocado, como ya sucedió en los años 70, a la estanflación. Las políticas tradicionales, fiscal y monetaria, no solucionan el problema, incluso lo pueden agravar. No obstante, con una inflación del 7,5% en la Eurozona el BCE no puede esperar más. El BCE acaba de anunciar que la primera subida de tipos de interés tendrá lugar antes de final de año. Los mercados descuentan dos subidas más. Una subida brusca de los tipos de interés reduciría el consumo y la inversión, restándole presión a la demanda agregada. Pero nada puede hacer sobre la oferta: aumento de los precios de las materias primas, de la energía y los alimentos. Tensiones que tienen visos de permanecer, a la vista de los nuevos rebrotes del virus en China y de los confinamientos de ciudades que auguran más problemas logísticos y de abastecimiento.

España sí se enfrenta a un escenario singular. Tiene la inflación interanual más alta de la Eurozona, el 9,8%, lo cual supone un diferencial de más del 2% con Europa. Una subida brusca de los tipos de interés aliviaría la presión de la demanda agregada, pero no tendría efecto sobre los costes de la energía y las materias primas, y aumentaría los costes financieros. No sería un buen escenario para las empresas. La caída de las ventas y el aumento de los costes financieros, reducirían sus exiguos márgenes. Para compensar este efecto la tentación es una política fiscal expansiva, de reducción de impuestos, como la que plantea el PP, combinada con un aumento del gasto público en forma de ayudas a familias y empresas. Esta política tiene dos problemas. El primero es la escasa holgura presupuestaria del Gobierno español. En el mes de marzo la deuda pública aumentó en 17.000 millones de euros. El gasto público alcanzó el 50,4% del PIB y la deuda pública el 119% , sin que tengamos ningún plan de consolidación fiscal a medio plazo cómo nos están demandando la Comisión Europea y el FMI.

Por otra parte, una política fiscal expansiva contrarrestaría los escasos efectos antiinflacionarios de la política monetaria restrictiva del BCE. A corto plazo la solución es complicada. La única solución es a medio plazo, ejecutando las políticas estructurales pendientes orientadas a mejorar la productividad: capacitación de la mano de obra, investigación y nuevas tecnologías, innovación, aumento de la competencia de los mercados, mejora de la eficiencia de la administración pública, internacionalización de la empresa, etc. Todo ello acompañado de una consolidación fiscal y de medidas que fortalezcan la estabilidad financiera. El decreto del Gobierno del plan de choque contra la inflación mitigará parcialmente el impacto de la inflación sobre las familias y las empresas, pero no reducirá la inflación. La inoportuna introducción de medidas intervencionistas, cómo la limitación de la revisión de los alquileres al 2% y la imposibilidad de despido a las empresas que accedan a las ayudas, es ir en contra del aumento de la competitividad, de la iniciativa empresarial y de la creación de empleo.