Cuando se cumplen 30 años desde la aprobación de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, creo que podemos afirmar sin lugar a dudas que los Servicios Sociales son hoy por hoy la tabla de salvación para muchos pequeños pueblos. En los municipios de Andalucía, especialmente en las localidades rurales o más aisladas, han sido y son la mejor garantía para anclar la población a su entorno, crear empleo y ofrecer calidad de vida. Sin olvidar por supuesto a la sanidad, la educación y las políticas de empleo.

El catálogo de prestaciones sociales que ofrece esta ley es absolutamente admirable. Estas prestaciones constituyen derechos para la ciudadanía y servicios que las administraciones han de organizar: asesoramiento, orientación, valoración, seguimiento, medidas preventivas, terapéuticas, intervención social, situaciones de violencia de género, familias desestructuradas, drogadicciones, menores en riesgo, discapacidades, cronicidad, dependencias, personas mayores… En suma, atención social para las personas vulnerables.

Pero, hete aquí, que para cuadrar derechos y obligaciones nos topamos con la cuestión de la financiación que reciben ayuntamientos y diputaciones para dar servicios de calidad, que se mantiene congelada en los últimos años y que nos lleva camino del colapso.

Pongamos por ejemplo la Diputación de Cádiz, que viene percibiendo para su Plan Concertado la cantidad de 1.033.690,73 euros: la misma desde hace 4 años, mientras que el coste total no para de subir. En 2019 el incremento fue de 7.882.194 euros.

Estamos al límite. Y no por falta de vocación de servicio, ni por desidia de las profesionales, cuya labor es encomiable, sino porque la Junta de Andalucía (y desde el Estado a raíz de los recortes de Rajoy firmados por Moreno Bonilla cuando era Secretario de Servicios Sociales) están incumpliendo las reglas de financiación marcadas en el Plan Concertado. A ello se une la Ley de Racionalización y Sostenibilidad del Sector Público, con la que cualquier munícipe se las ve y se las desea para seguir atendiendo la realidad social.

Toda política pública requiere financiación. Se nos puede llenar la boca enumerando prestaciones. Pero sin financiación no hay servicio que dar. Y corremos el serio riesgo de que, por la vía de la no financiación, la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que cumple tres décadas, quede vacía de contenido.

Colapso que, en lo que respecta a nuestras profesionales de ayuntamientos y diputaciones tiene el "rictus" de sobrecarga, de saturación, de sensación de no dar abasto… Pregunten a cualquier trabajadora social de cualquier Ayuntamiento. Y colapso que a los responsables políticos de ayuntamientos y diputaciones nos lleva a reivindicar a comunidades autónomas y al Estado, que se pongan de acuerdo y que actualicen de una vez la financiación del Plan Concertado. Esta misma semana el Gobierno de España ha acordado destinar a Andalucía 122 millones extras para reforzar los servicios sociales. Esperemos que a esos 122 millones extras del Estado, la Junta sume otros tantos y los ponga en circulación al servicio de las necesidades sociales que diariamente contenemos y atendemos desde las instancias a pie de tajo, pues corremos el serio riesgo de no celebrar los próximos 30 años de la Ley de Servicios Sociales con la misma positividad que hasta ahora.