Europa refresca su estrategia de armonización fiscal y además encuentra aliado inesperado en la propuesta norteamericana de tarifa mínima internacional en el impuesto que grava el beneficio de las empresas, aunque a la postre podría resultar más incómodo de lo que en principio aparenta. Europa lleva más de una década intentando aproximar los sistemas fiscales de los países miembros con el fin de evitar que la ingeniería fiscal y contable permita a las multinacionales trasladar los beneficios (y la consiguiente tributación) del lugar donde se generan hacia el de su sede social, que normalmente coincide con los lugares donde se pagan menos impuestos y con frecuencia con paraísos fiscales. Durante años fracasó en su pretensión de fijar una tarifa mínima común en el impuesto de sociedades, por la frontal oposición de Luxemburgo, Irlanda, Chipre y Holanda. Los esfuerzos se centraron posteriormente en la búsqueda de criterios comunes para la determinación de la base imponible del impuesto, es decir, en intentar que todos los países miembros adoptasen criterios similares para la contabilización de los ingresos y gastos de los que se deduce el beneficio. La excusa de los opositores en esta ocasión ha sido que si la OCDE está consiguiendo avances notables en esta misma dirección y a una escala internacional más amplia, una iniciativa europea simultánea carece de sentido práctico.

La OCDE consigue efectivamente avanzar en proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), con el que intenta "poner fin a las estrategias de evasión fiscal que explotan las lagunas y los desajustes fiscales para pagar menos impuestos". La técnica de concentrar los beneficios donde se pagan menos impuestos provoca un desbarajuste fiscal indeseable porque perjudica a unos países en beneficio de otros, así que el primer objetivo de BEPS es que las multinacionales paguen sus impuestos allí donde hacen sus negocios y no donde fijan su domicilio social. Para valorar el alcance de este fenómeno consideremos el caso de las grandes empresas españolas (energéticas, bancos, etc.), cuya actividad se despliega por el conjunto del territorio español, pero por la que tributan donde establecen su domicilio fiscal. La consecuencia es que, pese a que en España los impuestos son los mismos (o deberían serlo) en todo el territorio, hay comunidades, como Madrid, donde la capacidad fiscal es mayor que en el resto y de la que le correspondería por el tamaño de su economía.

El empeño en el establecimiento de una tarifa mínima común en el impuesto de sociedades no solo sigue vigente en la Unión, sino que se refuerza con el trabajo de la OCDE y la vía libre a la tasa sobre las tecnológicas (tasa Google). La propuesta norteamericana va en la misma dirección que la primera, pero no en paralelo con lo demás. El llamamiento a desactivar la tasa a las tecnológicas, secundado por Irlanda y los escandinavos, y a trabajar en fijar una tarifa mínima en el impuesto de sociedades es una colisión frontal con una parte de la estrategia europea de fiscalidad para las multinacionales, cuya demora tiene un coste estimado en más de 150.000 millones de euros anuales.