LAS arcas públicas están vacías y los Gobiernos se ven obligados a pedir ayudas, préstamos y, en el caso de España, a subir impuestos. La alternativa sería reducir la protección a la población golpeada por la pandemia, lo que sería irresponsable y también inmoral, y bajar el listón de las pretensiones políticas, a lo que se resistirán mientras puedan. Las ayudas (las europeas) son bienvenidas porque permitirán financiar proyectos que contribuirán a la reconstrucción de la economía y porque, si sabemos hacer bien las cosas, podrían contribuir a desarrollar fortalezas a largo plazo. Los préstamos son, en las actuales circunstancias, una maldición porque con el nivel actual de endeudamiento ya nos vemos obligados a pagar por intereses más que el déficit del sistema de pensiones (más de 35.000 millones de euros), además dejar en herencia a nuestros hijos el pago de la factura de nuestros gastos actuales.

Las consecuencias de las subidas de impuestos son más complejas de valorar por la confusión de los mensajes cruzados entre defensores y opositores y por la sensación de que en ningún caso se dicen las verdades completas. Nos confunde que el Rubius, un creador de contenidos en internet, se marche a Andorra para escapar del acoso de la hacienda española; que se cree un nuevo impuesto sobre los puntos de recarga para vehículos eléctricos, pese al compromiso verde que exhibe el Gobierno; y se demora el reglamento de las tasas Tobin y Google, con la consiguiente inseguridad jurídica que supone y sus correspondientes implicaciones económicas.

Para el contribuyente medio la pregunta es cómo le va a afectar la subida del IRPF a los ricos y el IVA o los vaivenes sobre la seguridad social de los autónomos. También las implicaciones de la tributación por el beneficio de las sociedades, porque los impuestos siempre los terminan pagando las personas físicas, y no las jurídicas, o la competencia fiscal entre las comunidades por los impuestos sobre el patrimonio o las herencias. Nadie conoce la Ley de Dalton (si existe la posibilidad de repercutir un impuesto, el sujeto pasivo legal es irrelevante), pero todo el mundo intuye (con razón) que, si suben los impuestos para algunos, difícilmente podrá nadie salir bien parado del lance.

Las dos fuentes principales de recursos para el Gobierno son el IRPF y el IVA. Por el primero contribuyen más de 20 millones de personas en un año normal. Los que ganan más de 60.000 euros aportan el 34% de la cuota íntegra del impuesto, pero sólo son el 4% del censo de contribuyentes, mientras los que declaran entre 30.000 y 60.000 euros representan el 38% de la recaudación y el 18% del censo. Conscientes de que será difícil aumentar significativamente los ingresos por este impuesto sin contar con ellos, deben estar razonablemente preocupados y puede que también los 8 millones de contribuyentes que declaran entre 12.000 y 30.000 euros, porque aportan más de la cuarta parte del total.

Escapar de los efectos de la subida del IVA y, en general, de los impuestos que gravan el consumo, los indirectos, resulta bastante más difícil por la posibilidad que tiene sujeto gravado de trasladar el impuesto. En términos generales cabe decir que cuando sube el IVA sobre un producto aumenta el precio que pagan los consumidores, disminuye el cobran los productores y disminuye su producción. ¿En cuánto? Depende de lo que los economistas llaman elasticidad de oferta y demanda.

Los medicamentos son un ejemplo claro de producto de demanda inelástica o rígida, porque no es previsible que un enfermo deje de consumir una determinada medicina si aumenta su precio. El fabricante podrá, en este caso, repercutir la totalidad de la subida del impuesto, convencido de que su demanda se mantendrá inalterada.

Pero, ¿qué ocurre si el Gobierno decide subir el IVA sobre los carburantes? Puede que a corto plazo la demanda se mantenga rígida, pero es probable que algunos automovilistas se pasen al transporte público y que aumente la preferencia por el coche eléctrico entre los nuevos compradores. A largo plazo, la demanda de gasolinas se hace más elástica que la oferta, por lo que el productor tendrá que aceptar que debe soportar la mayor parte de la subida, si no quiere ver como adelgaza su mercado.

Cuando la demanda es elástica (fuerte reacción frente a un aumento del precio), las subidas de impuestos la soportan los productores, pero cuando es rígida (se mantiene, aunque suba el precio) la subida se traslada al consumidor. El problema es que las elasticidades dependen también de otros muchos factores, por lo que el análisis de quién termina soportando los impuestos se complica. La demanda de un bien difícil de sustituir, por ejemplo, la vivienda, será normalmente más rígida que la de otros fácilmente sustituibles, como la de coches a gasolina y eléctricos, pero esto también puede terminar afectando a los viajes y al turismo. Incluso a las compañías aéreas, que podrían decidir evitar a un país que grave excesivamente el carburante a la hora de repostar.

Los modelos de equilibrio general sobrepasan los límites de los mercados concretos para intenta capturar la totalidad de los efectos de las subidas de impuestos sobre el conjunto de la economía, permitiendo identificar incluso las consecuencias sobre el empleo. El aumento de la tarifa del IVA perjudica especialmente a los sectores que producen para mercados de demanda muy elástica, como el turístico o el agropecuario, porque tienen menos posibilidad que otros de repercutirlo sobre el consumidor. Tienen que aceptar que se reduzcan sus excedentes y probablemente también la producción y los salarios, así como el trasvase de empleos a otros sectores ajenos con demandas menos elásticas. El impacto de una subida de los impuestos al consumo también difiere por territorios, según la especialización productiva de cada uno, y de estos modelos se deduce que una economía como la andaluza también estaría entre las más perjudicadas.