Jerez, la ciudad fracturada

Los últimos datos sobre la renta de los hogares ponen de manifiesto que nuestra ciudad, una de las más grandes de Andalucía, arrastra una realidad socioeconómica que avergüenza tanto como hiere: miles de nuestros vecinos sobreviven en condiciones de pobreza crónica, con rentas anuales que apenas superan los 15.000 euros por vivienda, mientras, a muy pocos kilómetros, algunos barrios alcanzan cifras que triplican ese ingreso.

Esta brutal desigualdad no es nueva. Está arraigada. Y, lo que es más grave, parece haberse convertido en una anomalía normalizada por quienes deberían combatirla: las administraciones públicas.

Los datos no dejan lugar a dudas, las diferencias son abismales, y retratan una ciudad fracturada en dos realidades irreconciliables: la de quienes tienen oportunidades y estabilidad, y la de quienes solo encuentran precariedad, exclusión y abandono. La situación no mejora con el tiempo. A pesar de los múltiples planes de intervención, estrategias contra la exclusión, fondos europeos y promesas electorales, las zonas desfavorecidas de Jerez siguen estancadas.

En Santiago, Picadueñas, Icovesa, San Juan de Dios, Las Torres, Juan XXIII, MOPU, San Telmo, Federico Mayo o en las zonas rurales, la pobreza no solo persiste, sino que se enquista, se hereda y se multiplica. Y la desigualdad territorial dentro del municipio se acentúa, convirtiendo barrios enteros en guetos económicos con escasas expectativas de cambio.

¿Dónde están las soluciones reales? ¿Qué han hecho los gobiernos locales, autonómicos y estatales durante las últimas décadas para revertir esta deriva? La respuesta, a la vista de los resultados, es desoladora. Las políticas públicas han sido, en el mejor de los casos, paliativas. Parcheos sobre heridas profundas. Ayudas de subsistencia que no transforman. Diagnósticos sin intervenciones estructurales. Y una continua falta de coordinación entre administraciones que condena al fracaso cualquier iniciativa.

La pobreza estructural no es un mero problema económico. Es una forma de violencia institucional. Una agresión cotidiana a la dignidad de miles de ciudadanos que se ven forzados a sobrevivir sin lo mínimo que garantiza la Constitución: igualdad, justicia, bienestar. Porque no es “normal” que en una ciudad con más de 200.000 habitantes haya barrios sin acceso adecuado al transporte público, con viviendas deterioradas, escuelas saturadas y familias sin recursos para lo básico.

El burocrático Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas 2024–2028 reconoce que más de 20.000 jerezanos viven en enclaves con desempleo crónico y falta de servicios básicos. Pero ¿no sabíamos ya esto hace veinte años? ¿Y qué propone?: más de lo mismo, más de lo que ya se sabe fracasado.

Es urgente que la agenda política local y regional se sacuda de una vez la inercia de la gestión tecnocrática que ignora lo humano. Jerez no necesita más diagnósticos. Necesita políticas redistributivas reales, inversión social potente y sostenida, participación vecinal vinculante, urbanismo transformador, y, sobre todo, valentía política para hacer lo que es justo, aunque no sea lo más rentable electoralmente.

Porque la pobreza en Jerez no es inevitable. Es el resultado de decisiones –o de su ausencia. Y si las administraciones públicas no son capaces de cambiar esta realidad, entonces están fallando en su deber más básico: garantizar una vida digna a todos los ciudadanos, vivan donde vivan.