El Ayuntamiento de Madrid prohibió circular por determinadas zonas de la ciudad para reducir la contaminación. Muchos países, España entre ellos, apuestan por la descarbonización por motivos similares, mezclando medidas coercitivas con incentivos, como los impuestos sobre las gasolinas. Dicen los neurólogos que las normas y las prohibiciones estimulan las neuronas sensitivas y motoras para producir rechazo, mientras que los incentivos persiguen orientar la elección en la dirección que interesa a la convivencia.

La vía normativa y la del estímulo persiguen objetivos similares, pero por caminos diferentes nada ajenos a las ideologías. Los ideales de libertad e igualdad que trajo la revolución francesa dieron lugar a modelos de sociedad incapaces de alcanzar una combinación equilibrada de ambos. De la revolución burguesa levantada sobre ideales de libertad y la exaltación del individuo nacieron sociedades profundamente desiguales, mientras que las revoluciones que proclamaban la prioridad de lo colectivo en el camino hacia la igualdad acabaron reprimiendo violentamente las libertades individuales. En esta dicotomía subyacen las razones ideológicas que determinan la preferencia por modelos sociales donde el estímulo tiende a prevalecer sobre la coacción y viceversa.

Ambas sensibilidades están presentes en las discrepancias sobre la regulación de los alquileres dentro del propio Gobierno. Parece ser que una parte defiende el establecimiento normativo de precios máximos (o de límites a su crecimiento), mientras que la otra se decanta por los incentivos. En este caso, las implicaciones de carácter económico son tan importantes como las políticas, teniendo en cuenta que siempre conviene valorar la eficacia de la medida y el grado de rechazo, del que, en última instancia, depende el de coacción implícita. En una economía de mercado, el control de precios resulta poco recomendable, tanto por sus consecuencias adversas directas, como por sus efectos secundarios. Cuando hace unos años la entonces ministra de sanidad (Matos) pretendía establecer un sistema de precios mínimos sobre medicamentos para evitar que algunos dejasen de producirse, recibió de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia el aviso de que la fijación de precios "genera ineficiencias… y peores condiciones de calidad y variedad de los productos".

El establecimiento de un precio máximo provoca escasez porque da lugar a un crecimiento de la demanda e invita a los oferentes a abandonar el mercado. Entre los efectos secundarios más probables están la aparición de un mercado negro y el aumento en el precio de las variedades de menor calidad, con el consiguiente perjuicio para los menos pudientes. El incentivo, por el contrario, tiene en cuenta los costes y la tasa de retorno, por lo que, si se diseñan adecuadamente, puede conducir a soluciones similares, evitando el desabastecimiento y sus efectos colaterales.

Leyes e incentivos han de convivir en una economía de mercado. Las primeras son imprescindibles en unos casos y los segundos recomendables en otros. La combinación ideal es una cuestión subjetiva que depende de las preferencias políticas de cada cual.