Aparte de la frontera irlandesa, el principal escollo en las negociaciones del Brexit ha sido el marco de relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido. La postura europea se levanta sobre un sólido principio de política económica: si se levantan las barreras al comercio, las condiciones de producción han de ser similares. No vale que en el Reino Unido las empresas reciban subvenciones que puedan repercutir sobre sus precios y luego acudan al mercado interior a competir con las del continente en condiciones ventajosas. La Unión Europea es particularmente exigente con los derechos de los trabajadores, la defensa de la competencia y las ayudas de estado, la fiscalidad y con la protección social y medioambiental.

La fortaleza del argumento se resume en que si los estados miembros asumen altos niveles de compromiso en materia de lucha contra el cambio climático o la pobreza y la inmigración, es razonable exigir condiciones similares a las empresas procedentes del exterior. Se trata, de establecer reglas de competencia equilibradas que, de no respetarse, deben compensarse con aranceles y otras medidas.

M. Barnier, el negociador europeo, lo explica utilizando el concepto level playing field, que podría interpretarse como la exigencia de un terreno de juego equilibrado para que todos competidores dispongan de las mismas oportunidades. Sólo en estas circunstancias se aceptará la propuesta británica de eliminar cuotas y aranceles y a esta discusión ha dedicado, con poco éxito, sus últimas reuniones de trabajo con el negociador británico. Pese a ello, ambas delegaciones terminaron por suscribir un compromiso respetuoso con las exigencias europeas, del que ahora el populismo británico pretende desdecirse. Alegan que si han votado Brexit es para liberarse de las estrictas reglas europeas sobre competencia y mercado interior y demandan condiciones similares a la de terceros países favorecidos, a lo que Europa se opone por las especiales circunstancias de proximidad y tamaño de la economía británica.

Del potente argumento negociador europeo cuelgan, no obstante algunas contradicciones, entre las que destaca la diversidad de escenarios consentidos en materia de justicia y fiscalidad de las empresas. La más reciente surge del Covid-19 y de la suspensión temporal de las reglas de juego para la libre competencia. Bajadas de impuestos y ayudas multimillonarias a gigantes empresariales afectados por la pandemia. En total, más de dos billones de euros, de los que la mitad corresponden a Alemania. El gran defensor de la estrategia level playing field no ha dudado en contribuir al afianzamiento financiero de sus grandes empresas (Lufthansa, Thyssen, Adidas o Tui, entre otras), además de bajar el IVA, mientras que en otros países, como España, las ayudas son mucho más raquíticas y limitadas a las pymes. Aquí amenazamos a las grandes empresas con subidas de impuestos y nos convertimos en paladines de la defensa de la competencia y lo más probable es que Alemania termine aprovechando la suspensión temporal de las reglas de juego para consolidar ventajas competitivas y que España figure entre los más perjudicados.