LLEVAMOS semanas de trasiego tributario. A la ya conocida polémica sobre si se debe o no acometer un proceso de armonización fiscal entre comunidades autónomas, se le unen dos episodios recientes. Aquí en Andalucía el Gobierno autonómico ha decidido rescatarnos del infierno fiscal en que vivíamos (¿qué pecados nos conducirían a tan injusto castigo?). Y a nivel nacional hemos asistido al esperpento de la posible eliminación de la deducción por tributación conjunta en el IRPF: que sí, que no, que lo estamos estudiando, que es una errata.

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Ambos ejemplos ilustran la idea de que los impuestos, antes que cualquier otra cosa, son asuntos políticos. Y no siempre de los buenos, entendiendo por éstos simplemente los que pretenden trascender el ruído electoral continuado. Ya a finales del siglo XVIII, un impuesto mal aceptado desembocó en la independencia de Estados Unidos al grito de “No taxation without representation”. Ahora, con políticos tan inclinados hacia la demagogia, conviene apelar –una vez más– a la responsabilidad de los debates, al tiempo que exigir honestidad intelectual con algunas de las certezas que sí hemos alcanzado a lo largo de los años.

A continuación, y sin ánimo de entrar en detalles, comento brevemente algunas de ellas. Ya les aviso de que no esperen sorpresas: el sentido común suele ser aburrido y transita alejado de alharacas populistas. Una primera es que subir o bajar la presión fiscal no puede ser un objetivo en sí mismo. El que dediquemos una determinada proporción de nuestra renta al pago de impuestos dependerá del gasto que queramos financiar, que a su vez está condicionado por nuestra disposición a rascarnos el bolsillo para que el Gobierno facilite sanidad o ayudas a las empresas. ¿Qué fue antes: el huevo o la gallina? Pues en economía ni el uno ni el otro: todo al mismo tiempo. Podría ser más fácil de otra forma pero no lo es.

La sociedad debe enfrentarse a este debate. Y para ser operativos, los políticos están obligados a modularlo dentro de los límites de la razón. Y no tienen que violentar su ideología sino transmitirla con honestidad (¿es mucho pedir?). Un partido puede preferir un tamaño reducido de Gobierno y acompañar la idea con el atractivo de bajos impuestos. Otro puede perseguir un sector público más amplio y generoso pero a sabiendas de que costará dinero a todos los contribuyentes. Lo que no es aceptable es que el primer partido clame que es posible recaudar poco y ofrecer lo mismo o más, o que el segundo partido nos venda que un Gobierno generoso se puede financiar con los impuestos sobre “los ricos”. Los economistas no les podremos decir qué fue antes, si el huevo o a gallina, pero sí sabemos contar cuántos huevos y gallinas hay.

También hay que advertir de la presencia de ilusiones. De ilusiones también se vive, dijo aquel. Pero con las cosas de comer no se juega, contestó otro. Por ejemplo, no se ha demostrado que una bajada de impuestos incremente la recaudación. Ni en Andalucía, ni en España ni en la Humanidad. Cuando ambos fenómenos han coincido se ha debido a la confluencia de otros factores, como el ciclo económico. Y éstos por sí solos hubiesen elevado la recaudación. Puede defenderse, y sería un buen argumento que compartiría, que reducir los impuestos estimula la actividad económica. Pero de ahí a que se incremente la recaudación neta por esa medida es confundir la penicilina con el bálsamo de Fierabrás.

Otra ilusión, propia del otro extremo del espectro ideológico, es que podemos financiar nuestro Estado de Bienestar apelando a la emisión continuada de deuda pública. Que si los tipos de interés están muy bajos, que si el Banco Central Europeo puede condonarnos la deuda, que si no hay reglas fiscales. ¿Cuál es la realidad que les transmitimos desde la economía? Que las gallinas no ponen huevos volando. No se puede pretender lo imposible desde el punto de vista jurídico, institucional, político y financiero. Más pronto que tarde habrá que iniciar un proceso de consolidación fiscal convencional y, para ello, aumentar la recaudación tributaria será clave. También racionalizar el gasto pero esa es harina de otro costal que dejo para mejor ocasión.

Los impuestos deben rendir pleitesía a su objetivo principal: recaudar. No digo si mucho o poco. Simplemente recaudar, que no es trivial, porque lo ideal es que se haga provocando el menor daño posible y respetando algún criterio de equidad. Y ambas cosas son imposibles al mismo tiempo. Por eso hay que recurrir de nuevo a la política para que resuelva el conflicto entre eficiencia y equidad. Y los economistas pondremos precio al viaje entre una y otra.

Por eso, cuando a los impuestos además les pedimos que luchen contra la despoblación, protejan a colectivos vulnerables por motivos no económicos, estimulen determinadas actividades económicas, etc., nos encontramos con un totum revolutum de difícil digestión. Y en nuestro sistema fiscal abundan estos ejemplos. Siendo rigurosos, nos podríamos permitir la licencia de pedirle a los impuestos que corrijan externalidades negativas, como la contaminación, que perjudican a la sociedad sin hacerse visibles en los precios. Y por ello les encargamos en ocasiones que graven actividades contaminantes.

En definitiva, los impuestos son un asunto político de primera magnitud. Y en estas fechas parecen terreno abonado para la demagogia e incluso el populismo. Como ya tenemos suficientes fuentes de crispación abiertas, se necesita una aproximación tranquila y sosegada, que aproveche lo que sabemos sobre ellos y, por encima de todo, honestidad intelectual y política con la ciudadanía.