Da para un amplio debate si los ayuntamientos están infrafinanciados por el amplio abanico de servicios obligados a prestar o por la temeridad de alcaldes y gobiernos de asumir prestaciones sin tener en cuenta su impacto en la hacienda local. Pero lo cierto es que, a día de hoy, ni PP ni PSOE le han metido mano al problema. El ministro Cristóbal Montoro lo intentó en 2012 con la reforma de las principales leyes que regulan las entidades locales que prometía ser un cambio de calado aunque ha acabado siendo poco más de una declaración de intenciones. Por este motivo, cuando surgen sentencias como la de la plusvalía, disminuyendo ostensiblemente los ingresos, le generan a las administraciones locales un importante desfase en su tesorería. Cada uno capea el problema como puede aventurándose a ser algo más que optimista en las previsiones y encomendándose a la divina providencia en forma de benévola recaudación. La gran reforma de las entidades locales sigue pendiente.