Horas antes de hacerse públicas las perspectivas económicas al mes de abril del Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Pedro Sánchez comunicaba triunfalmente que según el FMI España y Estados Unidos lideraran la recuperación mundial en 2021, con un crecimiento del PIB del 6,4%. Lo que no decía es que este crecimiento es inferior al previsto por el propio Gobierno del 9,8%. El consenso de Funcas predice un crecimiento del PIB del 5,9% en 2021, inferior al previsto por el Gobierno. Según el FMI, la mejora de la recuperación económica es consecuencia del plan Biden en Estados Unidos, del avance del proceso de vacunación global, de las políticas fiscales y monetarias expansivas y del fondo europeo de recuperación. Por lo tanto, la mejora de las previsiones para España no se fundamenta en ninguna mejora atribuible a la política sanitaria o económica del Gobierno de España. La gestión sanitaria ha sido deficiente y la económica ha sido insuficiente por las limitaciones presupuestarias del alto déficit y deuda pública acumulados.

Los 140.000 millones del Next Generation EU se están retrasando. Los fondos se recibirán a final de 2021 o principios de 2022, si se reciben. El retraso tendrá un impacto negativo en 2021, que el Banco de España estima en el 1,3% del PIB. España tiene que enviar su plan de recuperación a Bruselas antes del 30 de abril. La Comisión Europea tendrá tres meses para analizarlo y sugerir las modificaciones oportunas. Posteriormente se enviará al Consejo Europeo que tendrá un mes para aprobarlo, solicitar modificaciones o denegarlo. Lo más probable es que el calendario no se cumpla y que se exijan nuevas condiciones y rectificaciones. En los presupuestos de 2021 se han consignado 27.000 millones de euros que se financiarán con deuda, que ya alcanza el 120% del PIB.

La objeción del Tribunal Constitucional alemán a la ratificación de la financiación del Next Generation retrasará el desembolso de los fondos. Aunque al final se pronuncie favorablemente es probable que introduzca nuevas condiciones que dificultarán y limitarán el primer desembolso, pudiendo reavivar las objeciones planteadas por los países frugales (Holanda, Austria, Finlandia y otros). Los parlamentos y tribunales de 10 países europeos todavía no se han pronunciado.

Un aspecto fundamental que condicionará el desembolso son las reformas estructurales pendientes exigidas por Bruselas. El Consejo europeo considera que su cumplimiento es fundamental para la productividad, el potencial de crecimiento y la resiliencia de los países. Las más importantes son la laboral y la de las pensiones , además de las políticas activas de empleo , la eficiencia de la administración y el mercado nacional único. El problema es que la estrategia de reformas del Gobierno, caso de la reforma laboral, va en sentido contrario al exigido por Bruselas. Otras como la reforma de las pensiones son insuficientes y el resto ni siquiera se han abordado. La situación se agrava si consideramos que la ejecución del plan y de las reformas depende de un Gobierno de coalición débil, sin capacidad de consenso y con objetivos y estrategias no alineados con los fines y reglas de Bruselas. Al final, como ocurrió en Grecia , la presión de Europa se impondrá, afortunadamente.